Soy una profesional del mundo de lo social que tras trabajar durante unos años en el sector privado, por y con el malestar de las personas de nuestra comunidad que intentan buscar un apoyo y orientación profesional y ejercitar sus derechos, me detengo y realizo la siguiente reflexión.
La situación del malestar que caracteriza a nuestros usuarios, no sé si por mimetismo o más bien por intereses institucionales y empresariales, se ha apoderado también de todo un sector de profesionales que ejercen muchas veces como elemento de presión con el fin de canalizar mejoras sociales y económicas que redunden en aquellos colectivos más desfavorecidos.
Sin embargo, nos abstraemos tanto en esta labor que en mi opinión hemos olvidado que nuestro grupo profesional también tiene derechos y que nuestras propias condiciones no las plantearíamos como mínimas al reivindicar mejoras sociales. La falta de un salario digno que ronda las 130.000 pesetas para el personal técnico, en muchos casos, proyectos que anualmente se prorrogan o no con la siguiente inseguridad que eso produce, etcétera.
Como profesionales tenemos que empezar a ser conscientes de que la injusticia nos toca muy de cerca y que si nosotras mismas como supuestos agentes sociales no promovemos mejoras, seguiremos en esta situacion de status quo que tan bien viene a la propia Administración y a las empresas del sector
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de diciembre de 2002