La Xunta de Galicia se comprometió ayer a colaborar con los marineros para evitar que el fuel vuelva a entrar en las Rías Baixas, pero los pescadores seguirán cargando con la mayor parte del trabajo. Tras escuchar las protestas y quejas de los marineros, que habían amenazado con concentrase si no se les recibía, el conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, -el presidente del Gobierno gallego, Manuel Fraga, se fue antes de que terminara la reunión- explicó que los pesqueros buscarán el fuel.
Cuando lo encuentren, comunicarán su localización exacta a dos remolcadores de la Xunta que se dirigirán hacia las manchas para tratar de extraerlas. En caso de que el chapapote llegara de nuevo a las rías, los encargados de recogerlas serán los bateeiros y mariscadores en sus planeadoras y cucharas.
Los marineros, que debido a su falta de colaboración, ya no se fían del Estado ni de la Xunta, aprovecharon para pedir al consejero más gabarras y barreras oceánicas. López Veiga se comprometió a contratar "las que fueran necesarias". "Iremos a buscarlas donde sea si no hay más", aseguró.
La empresa que se ocupará de contratarlos será Terra, una entidad colaboradora de Tragsa (la encargada de la limpieza del litoral) que pagará por utilizar el barco con su tripulación y sus aparejos, según fuentes de la vicepresidencia primera del Gobierno.
Por otro lado, los fondos europeos de Pesca podrían servir para lograr partidas de emergencia con las que ayudar a los pescadores y mariscadores afectados por la marea negra. España ha propuesto a la Comisión Europea desviar 80 millones de euros del programa plurianual de pesca Ifop y unos 30 millones del pago en compensaciones no efectuado a Marruecos al no haber acuerdo pesquero. La Comisión podría tomar la decisión hoy mismo.
Ayer, los ministros de Exteriores, reunidos en Bruselas, acordaron que la UE lidere negociaciones en el seno de Naciones Unidas y de la Organización Marítima Internacional para cambiar el derecho marítimo, con objeto de evitar catástrofes como la del Prestige, informa Gabriela Cañas. La partida más sencilla de obtener, según la Comisión, es la de los 80 millones del Ifop, porque basta con que España lo pida. Más complicada es la otra partida, de 30 millones, ya que requiere cambiar las normas y obtener el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de diciembre de 2002