La Cámara andaluza aprobó ayer la Ley del Suelo (Ordenación Urbanística de Andalucía) con el respaldo de todos los grupos excepto el PP, que la calificó de "intervencionista y farragosa". La nueva norma establece, entres otras cuestiones, que los patrimonios públicos de suelo "refuercen" su destino prioritario a la construcción de viviendas con algún tipo de protección pública. La sesión parlamentaria vivió ayer un auténtico maratón legislativo con el debate final de tres leyes y el debate a la totalidad de otras tres.
La Ley del Suelo de Andalucía ve la luz tras cinco años de retraso, periodo en el que se ha gestionado una ley puente -prevista para un año- con la que se salvaron las exigencias del Tribunal Constitucional que derogó en 1997 varios artículos de un decreto estatal por considerar que invadían competencias autonómicas. No obstante, IU, PA, y grupo mixto dieron su visto bueno por asumir el principio público del urbanismo y la introducción de herramientas de los ayuntamientos y la Junta para intervenir en el mercado.
En la nueva norma destaca la obligación de reservar al menos un 30% de los nuevos suelos de uso residencial para destinarlos a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) o que comporten un precio limitado en venta o en alquiler en los municipios costeros de más de 20.000 habitantes.
Cuando el uso característico del suelo sea turístico se reduce a un 70% la edificabilidad respecto a los estándares de los usos residenciales (0,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo).
Otra de las medidas más significativas son la creación de los patrimonios municipales de suelo a partir de la cesión, por parte de las empresas, del 10% del suelo urbanizado de las promociones. El patrimonio autonómico, por su parte, se nutrirá de cesiones municipales y de adquisiciones. En el capítulo de disciplina llama la atención que la Junta podrá ordenar medidas cautelares (demolición, reconstrucción o reparcelación) si hay una inactividad municipal en el plazo de un mes ante infracciones muy graves.
Transparencia
La consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, resumió los objetivos de la ley, ampliamente explicados desde que se presentó el proyecto hace más de un año, entre los que destacó la "transparencia" y la salvaguarda de los derechos y control públicos.
Los portavoces de todos los grupos, con la salvedad del PP, mostraron su apoyo general por la necesidad de dotar a la comunidad de una ley crucial y por su apuesta pública, aunque echaron en falta muchos aspectos. Pedro Pacheco, del grupo mixto, dijo que la norma es conservadora y está condicionada por lo que llamó "el síndrome de Marbella" -en alusión al temor que ha generado la gestión del GIL en la Administración autonómica- y que coloca a los ayuntamientos bajo sospecha.
El portavoz de Izquierda Unida, Vicente Acuña, anunció una abstención que luego cambió a voto afirmativo, tras ser aceptada algunas modificaciones de laley sobre desarrollo sostenible, mientras que el del Partido Andalucista dijo que el urbanismo no debe utilizarse para la confrontación política.
Jorge Ramos, del PP, expresó la oposición frontal de su grupo, que mantuvo 90 enmiendas como símbolo de su rechazo. Según el portavoz, la ley va a condicionar el progreso de Andalucía, ya que nace con la contestación de los sectores afectados "porque se ha dilapidado la oportunidad de hacer una ley de todos".
Ramos hizo hincapié en que la norma no servirá por ser "farragosa" e intervencionista, característica, dijo, inherentes a los socialistas, cuyo único afán es "controlarlo todo".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de diciembre de 2002