El sector pesquero español no gana para disgustos. A las pérdidas ocasionadas por la catástrofe del petrolero Prestige se sumó ayer la propuesta de la Comisión Europea para recortar hasta un 50% las capturas de pesca en 2003. Lenguado, cigala, bacalao, anchoa y merluza son las especies más afectadas por estas reducciones, que deberán negociar la semana próxima los ministros de Pesca de la UE junto a la reforma de la Política Común Pesquera.
Los servicios del comisario europeo de Pesca, Franz Fischler, vuelven a lanzar la voz de alarma, como hacen todos los años: "los recursos pesqueros en aguas comunitarias están al borde del colapso y la situación no ha hecho más que agravarse respecto al año pasado". La mortalidad de peces en algunas especies, como el lenguado, la merluza o el bacalao, es dos veces superior al nivel establecido por los científicos para salvaguardad la supervivencia de los recursos. Esto ha llevado a que la biomasa se haya reducido en muchos caladeros a la mitad.
Y por si fuera poco, la catástrofe medioambiental del petrolero Prestige frente a las costas gallegas agrava la situación aún más. Los expertos de la Comisión Europea afirman que todavía no se ha podido calcular el impacto del vertido en los recursos, pero aventuran ya que habrá que ser "más restrictivos" en esa zona en cuando a las posibilidades de pesca. A lo que hay que añadir que los pescadores gallegos no podrán acudir a otras zonas alternativas "porque los recursos son muy limitados".
Propuesta agresiva
La propuesta de la Comisión Europea es tan agresiva o más que la del año pasado. Las zonas donde la pesca estará prácticamente vedada el año próximo se amplían de cuatro a diez. Para las especies más afectadas por la actividad de la flota comunitaria se exigen reducciones de las capturas superiores al 50% y en las especies asociadas, las que se pescan indirectamente, de hasta el 20%.
La flota pesquera española tendrá que acometer con la propuesta del comisario Fischler importantes reducciones en las capturas de especies de interés en los caladeros del Golfo de Vizcaya, del Cantábrico y en las aguas ibéricas.
La pesca de la anchoa, según la propuesta de la Comisión Europea, deberá reducirse en un 40%. Las capturas de bacalao se recortan en la misma proporción y, en el caso de las aguas irlandesas, puede llegar hasta el 63%.
En el gallo, la horquilla que se maneja es de reducciones de entre el 10% y el 40% según la zona en la que opera la flota española. En el caso del rape las reducciones son del 31% y el 40%. La situación de la cigala en aguas ibéricas y del lenguado en el Golfo de Vizcaya es aún más dramática, ya que se pide reducir la pesca a la mitad.
Las capturas de merluza, una de las especies de mayor interés por su valor económico, se reducirán un 35%. La solla y el abadejo se beneficiará de reducciones del 20% y el jurel del 12%.
Los ministros de Pesca de la Unión Europea deberán negociar la semana próxima todos estos recortes, pero antes deberán ponerse de acuerdo sobre la propuesta de la Comisión Europea para reformar la política de pesca. "Parte de los problemas actuales se deben a que el Consejo de ministros ha rebajado nuestras propuestas. La realidad es dura, pero no es posible continuar viendo cada año cómo se degradan los recursos", dijo Fischler.
Ayudas en cuestión
Además, Bruselas declaró ayer "parcialmente ilegales" las medidas de apoyo adoptadas en España para amortiguar la subida del precio del carburante en 2000 en el sector agrícola, al considerarlas como ayudas al funcionamiento.
Fischler estima que "no se ha demostrado" que las bonificaciones en los préstamos y las garantías, así como las ventajas fiscales, de las que se beneficiaron los agricultores "se limitaran a compensar los daños ocasionados" por el aumento del precio del gasóleo. Ahora, el Gobierno deberá recuperar esas ayudas lo antes posible. El resto de las medidas no plantea problemas. Es el caso de las modificaciones realizadas en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y ciertas reducciones fiscales.
Bruselas se pronunció sobre las medidas autorizadas por el Gobierno español en octubre de 2000, para compensar al sector agrícola afectado por los altos precios del carburante. Estas ayudas fueron de 300 millones de euros para agricultores y ganaderos y de 42 millones de euros para el sector pesquero, y sobre las cuales Bruselas decidió abrir en 2001 un examen.
Bruselas considera como "incompatibles" con el mercado común las ayudas concedidas en forma de préstamos bonificados y las garantías a los titulares de explotaciones agrarias. Asimismo afirma que es ilegal la prórroga a los años 2000 y 2001 de los beneficios fiscales concedidos por por la transmisión de determinadas fincas y explotaciones pesqueras.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de diciembre de 2002