Meses de reuniones y acuerdos sobre el antitranfuguismo quedaron ayer en nada cuando el PSOE se negó a firmar sendas proposiciones de ley que modifican la Ley Electoral para impedir en lo posible casos de transfuguismo municipal que terminen con derrocamientos de alcaldes a través de mociones de censura.
El responsable federal del PSOE en materia municipal, Álvaro Cuesta, denunció que el PP aprueba esta norma a la vez que presenta una moción de censura contra el alcalde socialista de la localidad asturiana de Pravia (9.226 habitantes) apoyada en tránsfugas. El ministro de Administraciones Públicas y secretario general del PP, Javier Arenas, reconoció que con la nueva legislación no sería posible la moción de censura en Pravia, pero consideró que un caso no puede impedir un acuerdo global para toda España.
Once formaciones políticas -PP, IU, PNV, CC, IC, BNG, ERC, Cha, PA y CDC y UDC, los dos partidos que forman CiU- firmaron ayer con el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, dos proposiciones de ley que reforman la Ley General Electoral. Su aprobación definitiva se producirá antes de la próxima primavera, de manera que afectará a las corporaciones que se formen tras las elecciones del próximo mes de mayo. No se podrán presentar mociones de censura durante el primer año del mandato de cada corporación. Durante el último año la moción deberá ser propuesta al menos por dos tercios del número legal de miembros de la corporación.
La censura a un alcalde durante el último año, que no se recogía en la idea inicial del Gobierno, ha sido a instancias de CiU. El diputado de esta formación, Jordi Jané, consideró necesaria esta posibilidad de quitar a un alcalde en el último año de mandato para impedir que se considere blindado si se da el caso de desgobierno y mala gestión.
Sin ventajas económicas
Los partidos políticos han querido también hacer un poco menos grata que hasta ahora la vida del tránsfuga, al menos en el aspecto económico. Quien abandone su grupo no podrá ir a otro, sino que pasará a tener la consideración de "concejal no adscrito" y su remuneración nunca será superior a la que recibía dentro del grupo al que pertenecía.
El PSOE no tiene problemas de fondo. Sólo se ha excluido por el enfado que le deja la decisión del PP de mantener esa moción de censura mientras se aprueba esta normativa. El responsable federal municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, se quejó por carta el pasado 4 de diciembre cuando supo de la moción de censura.
Cuesta recordó a Arenas que "como ministro es garante del acuerdo", y le reprochó que como secretario general ampare "el comportamiento transgresor". Arenas reconoció el problema de Pravia, pero rechazó que un solo pueblo pueda romper un pacto para toda España.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de diciembre de 2002