La biblioteca del Ministerio de Hacienda, en la calle de Alcalá, 9, exhibe desde el 23 de noviembre en horario entre las once y las ocho de la tarde una exposición que, por su trasunto, resulta insólita en Madrid: versa sobre un censo. Un gran catastro. Concretamente, el acopiado entre 1749 y 1756 en miles de poblaciones de 22 provincias españolas por intendentes regios, jueces, escribanos y peritos para hacer los asientos de propiedades, tierras y títulos de los moradores de España.
No se trataba de un compendio censal cualesquiera, sino del conocido como Catastro de Ensenada, en honor a su principal mentor, el marqués del mismo título, Zenón de Somodevilla, ministro de Fernando VI. La exposición permanece al menos hasta el 15 de diciembre, pero la enjundia de sus contenidos permite confiar en su prolongación. Ha sido comisariada por Concepción Camarero, de la Universidad Autónoma de Madrid.
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El catastro, concebido como pesquisa pública, consistió básicamente en un escrutinio a escala nacional de las propiedades sometidas a hipoteca, entonces denominadas censos. Pero junto a aquel crucial dato, el cuestionario planteaba 39 preguntas más, formuladas por intendentes provinciales nombrados por el rey y arbitradas por jueces subdelegados de aquéllos, para ser respondidas por los moradores de todos los pueblos y lugares habitados del país, respuestas anotadas por escribientes y verificadas por peritos y agrimensores.
Luego, aquellos datos fueron cotejados, discutidos y, en su caso, apelados en procesos abiertos en los que todo el pueblo catastrado participaba. Así, Ensenada pudo ofrecer a Fernando VI un fiel retrato de España. Algunos de aquellos funcionarios, precursores de lo que hoy serían los encuestadores, consumieron hasta cuatro años fuera de sus hogares. Por su esfuerzo, el catastro logró averiguar, entre otros datos decisivos, que España tenía en el año de 1756 hasta 1.733.532 vecinos cabezas de casa. Habida cuenta de que la media por cada hogar era de 3,8 personas, la población de las 22 provincias catastradas, sin incluir Baleares, Canarias y Cataluña, fue calculada en 6,5 millones de habitantes.
El catastro agregaba información sobre el número de molinos de harina, aceite, pólvora y papel existentes en el país; el de lagares, batanes para curtir, martinetes y fraguas para el trabajo del hierro, amén del número y cualidad de los predios, sus cultivos, mieses y arbolado, así como de las industrias y de las rentas, profesiones y edades de sus pobladores.
Precedente de la moderna sociometría, la encuesta fue concebida por Ensenada como una magna averiguación para informar al rey de datos de valor estratégico para la gobernación del Estado, que, a la sazón, iniciaba una centralización ensayada ya desde Versalles por Luis XIV de Borbón, bisabuelo de Fernando VI. Aquella gran pesquisa de casi siete años de duración perseguía, sobre todo, la unificación tributaria de la estamental sociedad española, estigmatizada por una panoplia injusta y alevosa de recaudaciones sin concierto.
En Inglaterra un siglo antes, en 1649, había rodado la cabeza de Carlos I, hecho que previno a los monarcas continentales de que el absolutismo, también el fiscal, podía ser simiente republicana. Con su catastro, Ensenada procuró a España la primera herramienta administrativa para lograr una iguala fiscal que fue germen de racionalización política y arranque histórico de la responsabilidad social de la monarquía. Pero, ante todo, la descripción pueblo a pueblo del censo informó de la menestorosa condición del estado llano y de los resortes patrimoniales de los poderosos, fundamento agraviante de sus privilegios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de diciembre de 2002