El estudio El estado de las libertades educativas en el mundo, realizado por la Organización Internacional para el Desarrollo del Derecho a la Educación (Oidel), aboga por disociar la financiación pública de los centros escolares de la prestación de los servicios que debe estar en manos de la sociedad. En este sentido, el informe señala que lo ideal es que estos colegios privados sean promovidos por los mismos actores del sistema educativo, es decir, por cooperativas de profesores, fundaciones o asociaciones de padres.
El estudio, editado por Santillana, indica: "Es necesario que exista la posibilidad de elegir el modelo de educación a impartir: cada individuo o cada grupo tiene el derecho de hacer operativa una convicción ideológica o religiosa, como base de su propio proyecto educativo".
Los autores del estudio, Daniel Nordmann y Alfred Fernández, aseguran que "la escuela no es un asunto de Estado sino de la sociedad y por eso todos debemos participar". Añaden que en España no se financia adecuadamente la escuela concertada. "La ayuda financiera que proporcionan los Estados para garantizar la existencia de los centros privados se hace en condiciones impracticables", dicen.
Los autores indican que no se puede exigir la gratuidad sino no se garantiza el coste del sistema educativo. "En teoría, el modelo de concierto escolar debería ser idéntico en la pública que en la concertada. Si al Estado le cuesta 8.000 dólares un alumno en una escuela pública, la privada debería recibir 8.000 dólares por cada alumno y, en cambio, muchas veces recibe la mitad", señalan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de diciembre de 2002