La Comisión Europea está intentando recuperar los 3,6 millones de euros no justificados del Instituto para las Relaciones Europeo-Latinoamericanas (Irela). La oficina antifraude europea, OLAF, ha involucrado en un informe reciente a eurodiputados y funcionarios españoles en estas irregularidades.
Un portavoz de la Comisión explicó ayer que, ya antes de recibir en octubre pasado el informe de la OLAF, el Ejecutivo europeo inició un procedimiento que todavía continúa para poder recuperar ese dinero no justificado, algo que considera difícil dado que el instituto ya no existe.
El Parlamento Europeo, por su parte, explicó el miércoles por la noche en una nota que la responsabilidad del control de Irela corresponde, en todo caso, a la Comisión Europea y no a los diputados europeos, una afirmación que Bruselas ha encajado bastante mal. "No sé si los eurodiputados tienen responsabilidad administrativa", dijo ayer una fuente del Ejecutivo comunitario, "pero al menos sí deben afrontar una cierta responsabilidad política".
En todo caso, la Comisión Europea tampoco va a abrir de forma inmediata un expediente disciplinario a los funcionarios implicados. "Hemos abierto una investigación complementaria para clarificar las cosas", explicó un portavoz.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 14 de diciembre de 2002