El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela intervino ayer en la crisis nacional con un dictamen que favorece al Gobierno de Hugo Chávez y colocó a la oposición frente a un dilema. Sus abogados estudian el alcance del fallo. El tribunal ordenó, con carácter cautelar, la reactivación de la colapsada industria petrolera. Antes había dispuesto que se devuelva al opositor alcalde de Caracas, la policía metropolitana, militarizada por el Gobierno. Si la oposición aplaudió la recuperación de los 9.000 policías del regidor aliado Alfredo Peña, difícilmente podrá ignorar el dictamen si pasa a ser sentencia adverso, según los primeros análisis.
El bloqueo de Petróleos de Venezuela (PVDSA), que aporta cerca del 80% de las divisas, es la principal baza negociadora de los promotores de la huelga contra Chávez: la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la cúpula empresarial de Fedecámaras y los partidos agrupados en la Coordinadora Democrática. La decisión judicial se produce cuando la petrolera produce apenas 200.000 barriles diarios de los 2,8 millones habituales, según los gerentes en paro. La oposición acentuó sus movilizaciones con la convocatoria a una megamarcha hoy sobre Caracas, semejante a la que el pasado sábado concentró en las calles a cientos de miles de personas.
El TSJ dictó una medida cautelar que "ordena a todas las autoridades y particulares" vinculadas con PDVSA que acaten todos los decretos emitidos por el Ejecutivo para "lograr la puesta en funcionamiento de la industria petrolera y sus derivados. La ponencia aprobada por la Sala Constitucional del Supremo responde al amparo constitucional interpuesto por Félix Rodríguez, uno de los nuevos gerentes de la estatal PDVSA. Alegó que la vital industria, "amenazaría el orden público y la paz social de la nación de la cual forma parte". "La sentencia es clarísima. Tienen que regresar a sus labores, si no, se exponen a severas sanciones", manifestó el vicepresidente del Gobierno, José Vicente Rangel.
Un grupo de juristas de la oposición analiza el fallo, pero Carlos Ortega, presidente de la CTV, consideró anoche que se trata de "una maniobra para tratar de intimidar y amedrentar a los trabajadores petroleros y petroquímicos, y al resto de la población". La oposición se había anotado la tarde del miércoles un importante triunfo al recuperar la policía de Peña, acérrimo adversario del presidente, de quien fue valedor y ministro. La alcaldía mayor choca políticamente, y en ocasiones en las calles, con la vecina alcaldía del municipio Libertador, cuyo regidor es Freddy Bernal, activista del oficialismo, con 1.100 policías a sus órdenes. Caracas abarca una zona geográfica con varios municipios o distritos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de diciembre de 2002