Dos manifestaciones tomaron ayer Caracas, en defensa de Hugo Chávez o para derribarle. El oficialismo permaneció atento al palacio de Miraflores temiendo que la marcha opositora, de nuevo impresionante con cientos de miles entre sus filas, se dirigiera hacia la sede del presidente. No ocurrió. La matanza del 11 de abril en sus accesos causó el breve derrocamiento de Chávez. Los huelguistas de Petróleos de Venezuela (PVDSA) refrendaron el paro, ignorando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordenó reactivar la primera industria nacional.
El bloqueo de la petrolera seca las gasolineras y amenaza el suministro de gas
Las muchedumbres que clamaban contra el inquilino de Miraflores engrosaron cinco columnas hacia la plaza de Venezuela, en la zona norte. "¡Ni un paso atrás! ¡Fuera! ¡Fuera el loco!". El Gobierno movilizó a los suyos, notablemente inferiores en número, pero igualmente embravecidos. "¡Todos al rescate de PVDSA! ¡Resistencia popular!". "¡Aquí la gente no se quiere matar! ¡Sólo Carlos Ortega y Carlos Fernández [líderes sindical y empresarial de la oposición] quieren que se maten!", bramó en una tribuna, frente a un edificio de oficinas de PVDSA, el vicepresidente del Gobierno, José Vicente Rangel.
El secretario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, le respondió horas después, en parecidos términos, antes de anunciar una probable marcha sobre el palacio presidencial. "¡Miraflores, de todos!", exclamó. "Convocaremos al pueblo a pedir la gran consulta electoral para salir de este régimen criminal".
La mediación de César Gaviria, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras tanto, no pudo reanudarse ayer al no comparecer la delegación oficial. La reunión del jueves había concluido con un destello de esperanza. Poco después de que Marco Aurelio García, asesor del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se entrevistara con Gaviria, interesándose por la crisis, un negociador atribuía a Rangel este comentario en presencia de Gaviria: "Yo estoy por elecciones generales sin dilación. Vamos a relegitimarnos todos". "Más o menos nos dijo eso", comentó la fuente a este diario.
La valoración de Alejandro Armas, portavoz de la delegación opositora, incidió sobre el eventual adelanto de la convocatoria a urnas: "Nosotros decimos que elecciones generales en el primer trimestre del año próximo y el Gobierno asoma la posibilidad, al menos informalmente, de comicios en el primer semestre".
A la espera del acuerdo político, la multitudinaria manifestación opositora, semejante a la desarrollada el pasado día 14, proclamó su irrestricto apoyo a los oficiales y tripulaciones de los distintos buques cisterna PDVSA en paro y a los huelguistas de la segunda petrolera del mundo, con 40.000 empleados en plantilla y otros 20.000 contratados.
El bloqueo del corazón de la economía venezolana, punta de lanza de una protesta que observa el Ejército, secó gasolineras, derrumbó la producción y exportaciones de crudo, amenaza el suministro de gas doméstico e inmoviliza otros sectores productivos. El dictamen del Tribunal Supremo, cuyo desacato es castigado con 18 meses de prisión, fue rechazado como improcedente o ajeno. La oposición esgrimió, fundamentalmente, el artículo 350 de la Constitución, que establece el derecho a la desobediencia frente a gobiernos ilegítimos o antidemocráticos.
La oposición llegó a la conclusión de que la presidencia de Chávez es dictatorial y ladrona, y, por tanto, no se siente vinculada por la resolución. "La salsa que sirve para el pavo sirve para la pava, así que invocaremos el 350 cuando alguno de los corruptos escondidos en la oposición llegue a la presidencia", reaccionó una fuente oficial.
El principal portavoz de la PVDSA sublevada, Juan Fernández, Gerente de Planificación, argumentó que el paro es imparable y el dictamen no obliga a levantar una protesta porque los petroleros, dijo, sólo ejercen derechos y deberes consagrados en la Constitución, redactada por la mayoría oficialista en 1999 y aprobada en referéndum en diciembre de ese año. "Primero somos ciudadanos, y luego, trabajadores", subrayó Fernández. No hay decisión judicial que valga, según las aclamaciones escuchadas en una asamblea de varios miles de huelguistas de la estatal.
William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, exigió el acatamiento a las duras y las maduras. "La oposición debería celebrar y acatar la decisión del Tribunal Supremo de la misma forma que celebró la resolución favorable a la devolución de la Policía Metropolitana", señaló el dirigente del oficialista Movimiento Quinta República (MVR). El tribunal había ordenado antes al Gobierno que devolviese al opositor alcalde de Caracas, Alfredo Peña, la Policía Metropolitana, los 9.000 agentes en plantilla militarizados por el Ejecutivo bajo la acusación de haberse convertido en "un cuerpo anarquizado".
El Gobierno, pese a sus denodados esfuerzos, apenas si puede contrarrestar los efectos de la paralización del sector petrolero en el abasto de combustible. Estados Unidos, que compra a Venezuela el 13% de sus importaciones, comienza a irritarse con la "irresponsabilidad" de unos y de otros porque prepara una posible guerra contra Irak y el barril de crudo se dispara hasta los 30 dólares.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 21 de diciembre de 2002