En fechas recientes, se ha firmado un convenio entre la Diputación Foral de Bizkaia y las distintas asociaciones a favor de los discapacitados psíquicos. Los familiares y tutores nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que, lejos de suponer una mejora, dichos convenios penalizan precisamente a aquellos chicos y chicas que, debido a su mayor grado de discapacidad y deterioro físico, necesitan más ayuda.
Estos chicos que acuden a centros de día y residencias han visto aumentado el coste de su plaza en unos porcentajes abusivos. Ello supone que, en muchos de los casos, sus familiares y tutores deberán pagar el doble o incluso el triple de lo que hasta ahora venían pagando. Se supone que la Excelentísima Diputación debería amparar los derechos de estas personas. Si esto es así, ¿por qué a la hora de fijar esos precios no han tomado ejemplo de las diputaciones de Álava o Guipúzcoa? o ¿acaso es que la discapacidad psíquica es aquí, en Vizcaya, diferente al resto de la comunidad autónoma? ¿Quizá es que los familiares y tutores no contribuyen ya con una parte importante de sus impuestos al bienestar de toda la sociedad?
No pedimos caridad, queremos justicia y bienestar, pero para todos. También para nuestros chicos y chicas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de diciembre de 2002