El Gobierno de Convergència i Unió (CiU) ha dado marcha atrás y ha renunciado en el último momento a incorporar al cuerpo de abogados de la Generalitat a la docena de altos cargos que lo habían solicitado, según explicó una portavoz oficial del Ejecutivo catalán. El Grupo Socialista-Ciutadans pel Canvi considera que la nueva vía de integración a dicho cuerpo, de perfil técnico, que el Gobierno de Jordi Pujol alentaba era un intento del blindar a los altos cargos ante una eventual derrota electoral de CiU.
El Gobierno de Convergència i Unió (CiU) ha dado marcha atrás y ha renunciado en el último momento a incorporar al cuerpo de abogados de la Generalitat a la docena de altos cargos que lo habían solicitado, según explicó una portavoz oficial del Ejecutivo catalán. El Grupo Socialista-Ciutadans pel Canvi considera que la nueva vía de integración a dicho cuerpo, de perfil técnico, que el Gobierno de Jordi Pujol alentaba era un intento del blindar a los altos cargos ante una eventual derrota electoral de CiU.
Plazo superado
El último Consell Executiu del año, celebrado el 24 de diciembre, debía dar luz verde a las solicitudes presentadas, pero al final no se abordó la cuestión, según explicó el portavoz del Gobierno, Felip Puig. La próxima reunión del Gobierno se ha fijado para el día 8 de enero, con lo que el plazo fijado por la ley para autorizar los nuevos ingresos en el cuerpo de abogados -1 de enero de 2003- ya se habrá superado. Fuentes oficiales del Gobierno explicaron a este periódico que la iniciativa finalmente se ha desestimado.
El proyecto de abrir el ingreso al cuerpo de abogados de la Generalitat a los altos cargos fue impulsado por el Departamento de Gobernación, en manos de Unió Democràtica (UDC). La consejera Núria de Gispert firmó en julio de 2002 la resolución que abrió el periodo de presentación de solicitudes y, tras su paso al Departamento de Justicia e Interior, fue asumida por su sucesor, Josep Maria Pelegrí. En su respuesta parlamentaria por escrito del 2 de diciembre, éste escribe que la integración de los nuevos miembros en el cuerpo de abogados "se hará pública en las próximas semanas".
Pese al respaldo decidido de Gobernación, la iniciativa era vista con recelo en otros sectores del Gobierno, especialmente a medida que se acercaba el plazo fijado para aprobar los nuevos ingresos. Además, el Grupo Socialista aumentó la presión política sobre ella y la consideró un emblema del supuesto intento del Gobierno de CiU de blindar a los altos cargos en previsión de una eventual derrota electoral.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Francesc de Carreras lo tildó incluso de 'cacicada' y lo equiparó a la piñata nicaragüense, el proceso por el que los sandinistas se adueñaron de varias instituciones públicas antes de abandonar el poder. El diputado del Grupo Socialista-Ciutadans pel Canvi Josep Maria Vallès remitió el 19 de diciembre un escrito al presidente del Parlament, Joan Rigol, en el que solicitaba su amparo ante la negativa del Gobierno de facilitarle el listado de aspirantes que habían solicitado el ingreso al cuerpo de abogados de la Generalitat. A preguntas de este diputado, el consejero de la Gobernación, Josep Maria Pelegrí, se limitó a responder de forma genérica sobre el total de personas que habían presentado la solicitud, sin facilitar su identidad. En la respuesta, Pelegrí explica que 12 de las 41 candidaturas recibidas se han presentado a través de la vía prevista para la incorporación de altos cargos. Vallès reclamó la ayuda de Rigol para obtener el listado concreto de aspirantes porque 'la respuesta dada por el departamento no responde a la pregunta formulada'. El diputado advertía de que la 'colonización política' del cuerpo ponía en peligro el 'prestigio de la función pública'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 30 de diciembre de 2002