La magistrada chilena Rosa Garay, tras estudiar los antecedentes del caso, se declaró ayer incompetente para investigar el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, cometido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires (Argentina), y en cual, según ha determinado la Justicia de ese país, participaron agentes del Estado chileno que actuaron a las órdenes de los organismos represivos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Al cumplirse 28 años del crimen la Justicia chilena aceptó abrir una investigación sobre el caso, responsabilidad que recayó en la jueza que ayer se declaró incompetente. En esa misma fecha, el Tribunal Supremo chileno rechazó las peticiones de extradición que había solicitado la jueza argentina que lleva la causa en Buenos Aires.
Según trascendió en fuentes de los tribunales, la jueza Garay tomó esta decisión debido a que a finales de 2002 fue presentada una denuncia ante otro magistrado: Juan Guzmán, el mismo que procesó a Pinochet por otro caso de violaciones a los Derechos Humanos, el caso Caravana de la Muerte.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de enero de 2003