La mediación de César Gaviria en Venezuela naufraga porque la violencia callejera ha impuesto de nuevo su agenda en la mesa de negociaciones dirigida por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Gobierno y la oposición imputaron al contrario los dos muertos y los 50 heridos de la batalla campal librada el viernes en los accesos del Fuerte Tiuna, Comandancia General del Ejército. Los dos caídos eran del oficialismo. Anoche, cuando sus deudos los velaban en un tanatorio de Caracas se registraron nuevos incidentes entre grupos chavistas y la opositora Policía Metropolitana.
"¡Los muertos de ayer bien muertos están!", gritaba desde la ventana de su domicilio una vecina, según afirmaron las personas concentradas. al cruce de insultos con la señora siguió la intervención policial con bombas lacrimógenas contra los oficialistas y la confusión fue total dentro de la morgue porque los gases penetraron en su interior. "Dos personas resultaron heridas de bala y una mujer murió", según la versión de un testigo que no pudo ser confirmada en fuentes oficiales.
"Muchas personas se ahogaron, varias niños y mujeres se desmayaron. Es un atropello contra los difuntos", denunció otra persona. La Policia Metrolitana, que negó la acusacion, dijo que actuaron para rescatar a una dotación rodeada por los chavistas. Las dos Venezuelas en conflicto se dicen atropelladas, la inculpación del rival sepulta el diálogo, el conflicto de poderes es evidente, y la legalidad, un arma arrojadiza.
Por lo que respecta a los muertos del viernes también chocan las versiones. El Gobierno subrayó que el recorrido de la marcha hacia la sede castrense, en demanda de la liberación de un general acusado de golpismo, había sido acordado previamente. No podía rebasar un determinado perímetro castrense. La oposición argumentó que la movilización, bautizada como La gran batalla, había sido autorizada plenamente por la alcaldía del antigubernamental Alfredo Peña, cuyos municipales protegieron la marcha contra el Gobierno.
Todo en cadena, los venezolanos volvieron ayer a manifestarse, mientras Chávez sopesa la posibilidad de declarar el estado de excepción si la situación se agrava. "Hay que estar en las calles porque si no, los escuálidos [opositores] nos van a apabullar", decía ayer un manifestante oficialista. El dirigente opositor Enrique Mendoza, gobernador del Estado de Miranda, también instaba a ocupar las avenidas, a prepararse para la temida manifestación sobre el palacio presidencial, situado en zona chavista. "Ahora sí tenemos que ir pensando en la toma definitiva de Caracas", dijo. "Con más de dos millones de personas no habrá bombas lacrimógenas, ni perdigones que puedan con la multitud". La desarrollada el 11 de abril pasado, con cientos de miles entre sus filas, acabó a tiros y derrocó a Hugo Chávez durante 47 horas. "No negociaré con una pistola en la sien", ha reiterado el mandatario.
La inmovilización de la estatal Petróleos de Venezuela es el arma de mayor calibre de la oposición, que la compagina con la presión en la calle y su convocatoria a no pagar impuestos, el 30% del presupuesto nacional.
La diaria movilización fue cruenta el viernes y puede volver a serlo porque el Ejecutivo ha establecido ocho zonas de acceso prohibido en Caracas y la oposición las ignora. La tarde del viernes, miles de antigubernamentales forzaron su entrada en el paseo de los Próceres, cerca de Fuerte Tiuna. Otros les esperaban. "Esto no es zona de civiles", avisó el coronel José Montilla. La Guardia Nacional y la Policía Militar les cerraron el paso con bombas lacrimógenas y balas de goma, mientras unos doscientos chavistas, muchos encapuchados, hicieron lo propio con piedras, palos, botellas y cohetes pirotécnicos.
"¡Salvajes! ¡Asesinos"; "¡las calles son del pueblo, de aquí no nos iremos!", increparon los opositores. La lluvia de objetos contundentes fue intensa en las dos direcciones y el pandemonio, total. Personas sin identificar, en los dos bandos, según las imágenes recogidas por las cadenas de televisión, abrieron fuego real con pistolas sobre sus adversarios y alcanzaron al menos a siete.
Colecta para el referéndum
La oposición recurrirá a las donaciones privadas para sufragar el referéndum consultivo del próximo 2 de febrero, si el Gobierno no aprueba los fondos necesarios, en torno a los 52 millones de dólares, para su desarrollo. Se preguntará a los venezolanos si quieren la renuncia del presidente. El Gobierno rechaza la pregunta porque, según una de sus objeciones, vulnera la Constitución al no ser el plebiscito revocatorio. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolverá en última instancia. "Si el Gobierno no da recursos para el referéndum, la sociedad civil lo costeará", anticipó Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y portavoz de la Coordinadora Democrática. "Señor Chávez, así como hemos planteado cómo es su Administración, que ha saqueado el país, porque han robado el erario público, nos tiene sin cuidado, si usted o el Ejecutivo no autoriza el aporte de los 32.000 millones de bolívares para realizar el consultivo".La mesa de diálogo, presidida por el secretario general de la OEA, César Gaviria, acercó a las partes sobre 24 asuntos, desde la gobernación de Venezuela hasta el desarme de la población y la colaboración de los medios de comunicación para rebajar el clima de violencia. Sin embargo, la solución electoral a debate divide a los negociadores. La oposición reunió las firmas requeridas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para convocar el referéndum consultivo. Si lo pierde, indican sus portavoces, el golpe político sería demoledor, "fulminante", y Chávez debería renunciar. "El revocatorio es la solución y está a la vuelta de la esquina", ofreció el gobernante.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de enero de 2003