Los grupos de la oposición se revuelven cuando les reprochan la calidad de sus preguntas. "Y las respuesta del Gobierno ¿qué?", replican. El secretario general del grupo parlamentario popular, Rafael Salas, y el portavoz de IU, Antonio Romero, coinciden en sus valoraciones sobre los departamentos de la Junta que peor nivel de contestación dan. Las más escapistas son, por este orden, las consejerías de Salud, Economía y Hacienda y Presidencia. Al unísono también afirman que la mejor es Justicia y Administraciones Públicas.
Salas lleva presentadas cuatro reclamaciones a la Mesa del Parlamento para conocer otras tantas cuestiones planteadas, bien mediante preguntas escritas o solicitudes de información: las listas de espera en los hospitales públicos; el informe de la intervención general sobre Egmasa; los costes de los arrendamientos de sedes de la Junta; y los costes de las campañas publicitarias que, en torno al 28 de febrero, pone en marcha la Consejería de la Presidencia. Tampoco ha logrado saber el número de asesores contratados por los consejeros, cuestión ésta que también pregunta, todos los años, el portavoz de IU con la intención de controlar "cómo evoluciona la discrecionalidad".
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Para Salas y Romero, el Gobierno a veces contesta, pero no facilita información, "da una larga cambiada", afirma el portavoz de IU, o remite a boletines oficiales para que los diputados la busquen -"la situación del sistema universitario andaluz se encuentra en el informe sobre la programación universitaria", escribió la responsable de Educación,Cándida Martínez, en julio de 2001 al popular Eugenio Gonzálvez-.
El Ejecutivo suele rehuir las respuestas que le pueden comprometer, como es la de dar estimaciones provinciales de distribución de fondos públicos, ya sean autonómicos o de la Unión Europea. "Hay un 20% de preguntas que no se contestan y el resto de las respuestas es de muy baja calidad, porque el Gobierno jamás se moja", asegura Salas.
¿Qué pasa con las preguntas que nunca se contestan? "No nos queda ninguna salida, porque el otro camino sería ir a los tribunales", apunta Salas, una vía que ya anunció el PP en la IV legislatura y que nunca se ha seguido.
La Consejería de Relaciones Institucionales, dice que a 13 de diciembre el Gobierno había contestado al 80% de las cuestiones, el mismo porcentaje que alcanzó en los cuatro años de la legislatura anterior. Pero si se comparan periodos idénticos (mitad de ambas legislaturas) el nivel de respuesta alcanza el 131%.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de enero de 2003