El Gobierno central impidió ayer cualquier posibilidad de investigar en el Parlamento de Galicia lo ocurrido con el Prestige entre las tres de la tarde del 13 de noviembre, cuando alertó de su situación apurada por un accidente de origen desconocido, y el mediodía del 19 de noviembre, cuando se rompió en dos y se hundió a 131 millas de Finisterre. El Ministerio de Administraciones Públicas envió un escrito al presidente del Parlamento gallego en el que rechaza diez de las comparecencias solicitadas y niega toda la documentación sobre el asunto.
Gabriel Elorriaga, secretario de Estado de Organización Territorial, envió un escrito al presidente del Parlamento de Galicia en el que le comunica que "ningún funcionario o autoridad dependiente de la Administración General del Estado o personas vinculadas al ejercicio de competencias estatales" acudirá a dar explicaciones a la Cámara gallega y que el Ejecutivo tampoco entregará la documentación sobre las decisiones tomadas en torno al Prestige "porque versan sobre materías que son competencia exclusiva" del Gobierno central.
El Gobierno prohíbe así comparecer no sólo a su delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández, sino a los responsables de Sasemar, el organismo estatal de salvamento marítimo; al capitán marítimo de A Coruña, y a los dueños de remolcadores y helicópteros privados que intervinieron en el rescate por encargo de la Administración pública. Sólo podrán comparecer los mariscadores, los mejilloneros, siete consejeros gallegos y el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras. El presidente gallego, Manuel Fraga, reconoció que esta decisión desacredita al PP gallego, que había aceptado todas las comparecencias.
El PP volvió a rechazar ayer en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre el caso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de enero de 2003