Siempre he pensado que una cosa son las leyes y otra la justicia, y que, además, muy pocas veces coinciden. Es por lo que me resisto a reconocer a los jueces su papel de administradores de justicia. Son funcionarios que aplican las leyes y punto. Sólo reconozco como juez a Dios, que, además, es compasivo y misericordioso.
El caso de Carmen Fernández, madre a la que los funcionarios de las leyes (con la complacencia de Asuntos Sociales) se niegan a devolverle a sus hijos, me ratifica en todo lo anterior. Ha tenido un comportamiento ejemplar y heroico como madre superando sus problemas de alcoholismo. Me cabe la duda de si muchos de los que la condenan o de sus familiares han superado sus adicciones. Porque lo que le han impuesto es la más terrible de las condenas: A algún miembro de una entidad caritativo-filantrópica le escuché referirse a ella con el calificativo de "la borracha".
Invocan los funcionarios de las leyes como principal argumento para que los hijos de Carmen no puedan regresar con ella el tiempo transcurrido desde que le fueron retirados. Con este argumento, los secuestradores de niños durante las dictaduras de Chile, Argentina y otros países latinoamericanos podrían dormir tranquilos. Afortunadamente, para las madres y abuelas que los siguen buscando, allí no existe el cruel sistema que aquí tienen montado Asuntos Sociales y los funcionarios de leyes: Ya quisieran tener aquellos secuestradores como abogados a algunos de los de aquí que, como una cantinela, no se cansan de esgrimir como argumento para no devolver a los niños "el tiempo transcurrido y los lazos afectivos contraídos con las familias con las que viven". Estoy seguro de que aplican escrupulosamente las leyes pero nada que ver con la justicia, salvo que entiendan como justicia pagar con dinero la expropiación de unos hijos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de enero de 2003