Hace dos años tuve la suerte de enamorarme de un señor y la desgracia de que éste fuera uruguayo sin familia en España. O sea, un sin papeles más. Para no vivir en precario, legalizamos rápidamente nuestro estado esperando que la posibilidad de prosperar en este país se viera favorecida al poder él acceder al mercado laboral.
¿Se ha preguntado el Gobierno cómo puede uno de los miembros de esa familia acceder al mercado laboral si ve imposibilitado ese acceso por culpa del complicado trámite. Trámite que, a fuerza de lento, largo y complicado, parece que busca únicamente el desánimo del solicitante. ¿Se ha preguntado el Gobierno qué tipo de contradicción es esa en la que la Constitución asegura a los cónyuges de los españoles el derecho al trabajo y a la Seguridad Social y ese derecho se convierte en una carrera de obstáculos donde nunca se ve el final cuando los cónyuges tienen procedencia no europea?
En octubre celebramos un año de casados -a pesar de las dificultades, es una celebración-. En teoría, cumplido ese plazo, mi marido obtenía el NIE de inmediato, y con él, las puertas abiertas a un posible contrato de trabajo. En la práctica, cumplido el año, le dan cita en la Delegación del Gobierno para el trámite oportuno en diciembre. En dicho mes acude a la Delegación del Gobierno y le comunican que ya le llegará la carta con el famoso NIE.
O sea, entre tres y seis meses desde la solicitud. Mientras tanto, ni un resguardo que le sirva. ¿De qué forma está protegiendo mis derechos como española mi Gobierno, o es que al casarme con un extranjero extracomunitario los tengo perdidos de antemano?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de enero de 2003