El Gobierno catalán ha fletado tres buques anticontaminación para recoger el fuel del Prestige y la Xunta de Galicia ha vetado su presencia en las Rías Baixas. El argumento oficial para oponerse a la ayuda parece ser que esos barcos pueden introducir involuntariamente el mejillón cebra y perjudicar a los bancos marisqueros de las Rías Baixas. Que el argumento sea o no una falacia no es relevante; que la excusa esgrimida lo sea para ocultar la oposición de la Xunta a que esos barcos colaboren con los ayuntamientos de Vigo, Pontevedra y Ferrol, con gobierno del Bloque Nacional Galego (BNG), tampoco.
Lo relevante, importante y lamentable es que la Generalitat se haya prestado al juego político entre dos partidos -en este caso el BNG y CiU- en vez de tratar el asunto de gobierno a gobierno. O se pactaba previamente con la Xunta la misión de los barcos de manera que se salvaguardaran los intereses de Galicia y de Cataluña o se dejaba la iniciativa promovida por el BNG ante CiU bajo la responsabilidad de estos dos partidos. Lo que nunca podía permitirse la Generalitat es comprometer dinero público al servicio de intereses partidistas por muy nobles que pudieran ser los motivos.
La irresponsabilidad manifiesta y demuestra tan poco sentido de Estado por parte del actual Gobierno de la Generalitat, que es una ofensa a los ciudadanos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de enero de 2003