El Juzgado Penal número 2 de Sevilla empieza hoy el juicio por imprudencia contra un arquitecto y dos aparejadores de la empresa inmobiliaria Osunta y cuatro funcionarios municipales, acusados de la caída del muro del antiguo Bazar España de Sevilla, que causó la muerte de cinco personas en la tarde del 31 de diciembre de 1998. Los abogados de las familias de las víctimas solicitan para cada uno de ellos dos años y medio de cárcel e indemnizaciones que llegan a 1.114.000 euros (124 millones de pesetas) en el caso de una joven fallecida de 22 años, aunque la Fiscalía de Sevilla califica los hechos como una falta de imprudencia leve y sólo reclama una multa, cuya cuantía exacta precisará en el momento del juicio, además de las indemnizaciones previstas en el baremo para accidentes.
La vista se prolongará durante casi dos meses y en ella están citados 49 testigos y diez peritos, en un juicio que previsiblemente se centrará en dilucidar si el viento de más de cien kilómetros por hora que sopló aquella tarde fue determinante para derribar un muro de cerramiento que tenía 7,5 metros de altura y que se había dejado sin apuntalar tras el derribo de las construcciones internas del solar. El informe del perito oficial del juzgado atribuyó la caída del muro al viento "huracanado y catastrófico", pero las acusaciones particulares sostienen que la construcción había sido declarada en estado de "ruina inminente" en 1984 y pese a ello el proyecto de demolición consideró que el muro estaba en buen estado. Estos abogados acusan a la dirección facultativa del proyecto y amplían su acusación a cuatro técnicos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento sevillano, que concedió las licencias.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 13 de enero de 2003