El pleno de las Cortes Valencianas aprobó ayer, con los únicos votos del PP y el rechazo de PSPV, EU y Grupo Mixto, la ley de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas, texto normativo que adapta la composición y funciones de estos órganos a las directrices que emanan de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). La norma refuerza la competencia de control económico y de supervisión del rendimiento de las universidades públicas por parte de los consejos sociales, sobre los que se delimitan las competencias de acuerdo con el nuevo marco legal estatal.
La ley autonómica fija que el consejo social estará integrado por su presidente y 25 vocales, seis en representación del consejo de gobierno de la Universidad y 18 en representación de los intereses sociales de la Comunidad Valenciana. Este órgano supervisará las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de sus servicios, y aprobará el presupuesto y la programación plurianual de las instituciones académicas superiores. También se encargará de proponer a la Generalitat, previo informe del consejo de gobierno de la Universidad, la creación, transformación y supresión de facultades, así como la implantación, modificación o supresión de enseñanzas. Además, deberá aprobar, previo informe del consejo de ordenación universitaria, las normas de permanencia de estudiantes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de enero de 2003