La contabilidad de la gestoría vitoriana Erne, cuyos propietarios se sientan en el banquillo de la Audiencia de Vitoria acusados de estafa por una veintena de clientes, no era transparente. Ésta es la opinión de los dos auditores de cuentas que ayer testificaron como peritos en la segunda y última jornada del juicio, y que destacaron que el destino de los fondos de los inversores no figuraba en ninguno de los libros de contabilidad investigados.
El informe que ambos peritos presentaron ante la sala que juzga a Javier López de Landache y José Ramón Saenz de Maturana certifica que entre 1991 y 1993, cuando la gestoría empezó a desplomarse hasta la quiebra, las cuentas de Erne, que llegó a tener hasta 300 clientes, no figuraban en el Registro Mercantil. Los auditores agregaron que la firma llevaba una doble contabilidad y no explicitaba en sus libros el destino de las inversiones.
Los abogados de la veintena de perjudicados ratificaron su demanda de 10 años de prisión -seis en el caso de aplicar el nuevo Código Penal- para cada uno de los acusados por estafa e indemnizaciones que suman 500.000 euros. Los dos encausados dispusieron para financiar sus operaciones inmobiliarias del dinero que les entregaban los ahorradores, a los que prometían intereses próximos al 10%. De esa manera, evitaban recurrir a préstamos bancarios.
Las defensas de los inculpados coincidieron con la Fiscalía, que no formuló acusación en esta causa, al entender que los dos socios de Erne deben ser absueltos por tratarse de unos hechos que entran en la jurisdicción civil y no en la penal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de enero de 2003