Políticos y ciudadanos, antes que cristianos. En ese tono se colocaron ayer los dirigentes del PP ante las exigencias del Papa para que hagan cristianismo con sus acciones de gobierno, oponiéndose al divorcio, aborto, eutanasia, investigación con embriones o matrimonio entre homosexuales. El vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió la autonomía del Ejecutivo y el PSOE criticó con dureza a la Iglesia.
"Una cosa son las relaciones con la Iglesia y otra nuestro ordenamiento jurídico y nuestros principios y valores, que son los que nos damos el conjunto de los españoles", dijo ayer el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, preguntado por la petición del Papa a los políticos católicos para que impidan leyes anticristianas como las de parejas de hecho, reproducción asistida o divorcio. El vicepresidente recordó a la Santa Sede que el Ejecutivo del que forma parte trabaja para todos los españoles y cada uno tiene "sus planteamientos y formas muy distintas de ver las cosas".
A propósito de la reforma legal que permitirá a toda extranjera poder divorciarse en España aún cuando la ley de su país lo prohiba, Rajoy dijo que la necesidad de una ley de divorcio "es algo que en España hoy muy pocas personas discuten", después de más de 22 años de vigencia de la actual. Se trata de unos derechos que ahora van a ser extensivos a todo residente porque es de "sentido común" que así debe ser, ya que no era de recibo que una extranjera en España no pudiera separarse o divorciarse de su marido si éste invocaba la aplicación de la ley de su país de origen, explicó el vicepresidente.
En cambio, la Plataforma Pro Familia de Madrid (Profam) alzó sus reproches reclamando al PP coherencia entre convicciones personales y forma de hacer política. "Tienen que ser coherentes, y eso, en muchas ocasiones, significa también ser valientes", dijo a Servimedia Eduardo Hertfelder, presidente de Profam, antes de aplaudir la "oportuna" nota doctrinal difundida por el Vaticano. También arremetió contra la política familiar del PP en la Comunidad de Madrid, que calificó de "incoherente" y contra la que Profam está recogiendo firmas.
La secretaria de Igualdad del PSOE, Micaela Navarro, criticó esta "nueva vuelta de tuerca" del Vaticano y aconsejó a la Iglesia que "debe pronunciarse sobre otros debates que están por desgracia en plena actualidad y que les afectan especialmente, como los abusos sexuales a menores en Estados Unidos". "Tampoco les he escuchado nunca condenar los malos tratos y la violencia contra las mujeres", añadió Micaela Navarro antes de aconsejar a las autoridades eclesiásticas que "si quieren que su discurso tenga credibilidad, no sólo para los católicos sino para toda la sociedad en general, deberían defender los derechos de todas las personas".
El presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (ADMD), el filósofo Salvador Paniker, opinó sobre las execraciones vaticanas contra la eutanasia que "la Iglesia no escarmienta, tras veinte siglos de meterse en camisas de once varas no comprende que las cuestiones éticas están completamente secularizadas". El 50% de los miembros de ADMD son católicos "y se sienten muy incómodos con la postura oficial del Vaticano", subrayó Paniker.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de enero de 2003