La crisis de los modernos centros multimedia de idiomas afecta ya a unos 100.000 alumnos -más de la mitad de ellos en la calle y el resto pendiente de admisión en otros centros- y a 2.000 profesores sin trabajo, según los datos que manejan las asociaciones de consumidores. Los alumnos de las redes cerradas de Aula Magna, Opening y Brighton, de las academias franquiciadas de Wall Street Institute y de los centros de Oxford tenían, en su inmensa mayoría, contratos de crédito vinculados a la enseñanza de un idioma, por lo que las asociaciones de consumidores han fundamentado sus demandas judiciales en que la suspensión del contrato de prestación de servicio es causa suficiente, según los artículos 14 y 15 de la Ley de Crédito al Consumo, para dar por suspendido el contrato de crédito. Además de incontables demandas civiles en marcha, existen 2.000 denuncias por la vía penal, remitidas a la Audiencia Nacional. Las audiencias de Barcelona, Sevilla, Valencia, Badajoz, Cádiz y Huesca, y un juzgado de primera instancia de Madrid han emitido fallos en los que o bien se declaran nulos los contratos de financiación de los cursos o se declara improcedente la reclamación de la entidad financiera por los créditos impagados. En ambos casos, claro está, se trata de cursos interrumpidos por el cierre de la academia. Las asociaciones de consumidores critican la solución planteada por el Ministerio de Sanidad de acudir a las juntas arbitrales autonómicas, porque consideran que cualquier acuerdo no afectaría a los bancos y cajas de ahorro. Por su parte, las academias de idiomas agrupadas en Acade-Fecei (Federación de Centros Privados de Idiomas) manifiestan que sus centros funcionan bien y sitúan su sensibilidad profesional y académica "muy lejos de estas crisis". Fecei aconseja a los estudiantes que, antes de matricularse, "comprueben si el centro cumple la legislación, si posee infraestructura y pidan información sobre el tipo de cursos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de enero de 2003