La policía de Gibraltar retiene 10 horas a 14 periodistas que cubrían una protesta ecologista

La policía de Gibraltar (Royal Gibraltar Police) detuvo sobre las nueve de la mañana de ayer a seis ecologistas de Greenpeace que protagonizaban una protesta contra un petrolero monocasco anclado con funciones de almacén permanente frente a la playa de La Línea, y a 14 periodistas españoles que cubrían su acción. Doce periodistas y dos activistas fueron liberados sin cargos hacia las siete de la tarde, y los otros dos informadores, horas más tarde tras pagar una fianza. El Ministerio de Exteriores español entregó anoche a la Embajada británica una nota verbal pidiendo explicaciones sobre "el incidente".

Exteriores reitera en dicha nota la "protesta" española por los repetidos "actos de jurisdicción" del Reino Unido en unas aguas sobre las que, por estar próximas al istmo, España no le reconoce ninguna soberanía. Los británicos consideran en cambio propia esa zona de la bahía en la que lleva años anclado el Vemamagna, un buque monocasco de 87.290 toneladas construido en 1978 que bajo bandera de conveniencia maltesa cumple funciones de bunkering, es decir, almacena el fuel que le trasvasan petroleros de transporte como el malogrado Prestige, y vuelve a trasvasar la mercancía a otros barcos cuando es vendida por sociedades gibraltareñas.

Las autoridades españolas han protestado en repetidas ocasiones por los efectos contaminantes que ese tráfico continuo provoca en la Bahía de Algeciras. Ayer fue Greenpeace quien asumió la protesta.

Dos activistas de la organización ecologista llegados a la zona en el buque MV Esperanza lograron encaramarse al mástil de proa del Vemamagna hacia las nueve de la mañana y desplegar pancartas en las que se podía leer "Oil Hazard" y "Peligro Petróleo".

Lanchas de la policía gibraltareña cargaron inmediatamente con las dos zodiacs y los dos botes semirrígidos que transportaban a los activistas, de varias nacionalidades, y a 14 periodistas españoles que seguían sus peripecias. Un redactor, Santiago Fuertes, y un fotógrafo, José Manuel Pérez Cabo, de EL PAÍS, figuraban en el grupo junto a colegas de El Mundo, Telecinco, Antena3, RTVE, Canal Sur y Associated Press. El resultado de la acción policial fue la detención de todos estos profesionales y de seis activistas, que fueron conducidos a la comisaría del Peñón.

Intervención dura

Mario Rodríguez, director de campaña de Greenpeace, afirmó que la intervención gibraltareña había sido "contundente, dura, con intimidación y, en cierta forma, violenta". Mientras crecían las declaraciones de repulsa de autoridades, partidos políticos y asociaciones ciudadanas del Campo de Gibraltar, el subsecretario de Exteriores, José Pedro Sebastían de Erice, encargó al director general para Europa, Pablo García Verdoy, que llamara al embajador británico en Madrid, Peter Torrey, para pedir "la liberación inmediata" de los periodistas detenidos. "Fue un gesto firme", según fuentes españolas. Fuentes próximas a Torrey añaden que el embajador dejó claro que el Gobierno británico no tiene competencias sobre la policía gribaltareña, en el transcurso de una conversación "cordial" que sirvió para que ambas partes expresaran su interés común en que se resolviera "cuanto antes" el problema. Aunque se supone que la diplomacia británica se movió en Gibraltar para conseguir ese objetivo, el desarrollo de los hechos pareció desmentirlo hasta que, cerca de las siete de la tarde, el attorney general, o fiscal gibraltareño, decidió que 12 periodistas y dos activistas quedaban libres sin cargos.

Dos periodistas de Telecinco quedaron pendientes de declarar hoy ante el juez, junto a cuatro ecologistas acusados de resistencia a la autoridad y navegación peligrosa. No obstante, sobre las 22.30 los dos informadores fueron puestos en libertad con cargos tras pagar la fianza de 1.600 euros. Uno está acusado de agresión verbal y el otro de obstrucción a la autoridad. La fianza fue pagada por el alcalde de Los Barrios (PSOE), Alonso Rojas, que también se ofreció a financiar la de los ecologistas, pero éstos declinaron el ofrecimiento.

España y otros países han prohibido ya la entrada en sus puertos de petroleros monocasco y la Comisión Europea quiere que todos sus Estados adopten para marzo dicha medida, pero Gibraltar, que vende al año unas 4.000 toneladas de fuel libre de impuestos, se resiste a aplicarla.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 21 de enero de 2003