La propuesta definitiva sobre el subsidio agrario no se conocerá hasta el sábado, pero el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, adelantó ayer a los presidentes andaluz y extremeño las novedades que incorporará el documento. Una fuente de Trabajo especificó que la propuesta, como se había anunciado, incluye una prestación equivalente al subsidio agrario (el 75% del salario mínimo durante seis meses) para los jornaleros que se quedaron fuera del sistema tras el decretazo de mayo. Esta ayuda por desempleo tendrá carácter contributivo y será compatible con una cotización que dará derecho a pensión, la principal exigencia sindical.
Pero, además de ligar el cobro de esta nueva prestación al seguimiento de programas de inserción laboral, se incorpora un nuevo requisito: habrá que probar diez años de residencia en Andalucía o Extremadura. Esta condición dificultará la entrada en el sistema de los inmigrantes que no vivan de manera estable en estas comunidades, las únicas en las que existe el subsidio agrario. En estos últimos meses, el Ministerio de Trabajo ha hecho énfasis en que los perceptores del subsidio, una prestación por desempleo, había aumentado espectacularmente en Huelva y Almería (las provincias con mayor actividad agraria), que concentran la mano de obra inmigrante temporera.
La nueva ayuda también exige que los mayores de 45 años demuestren cinco años de cotización en el régimen especial agrario (el ligado al actual subsidio), y abre la puerta a que aquellos jornaleros que superen ampliamente las 35 peonadas se vean recompensados con el cobro del 100% del salario mínimo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de enero de 2003