La decisión del Ayuntamiento de Sevilla, tomada hace tres años a propuesta del señor alcalde, de anular el acuerdo de construcción de un edificio en el Prado de San Sebastián para centralizar los servicios municipales que se prestan a los ciudadanos, nos pareció en su momento un verdadero acierto. Dichos servicios deben estar descentralizados y ubicados en cada uno de los distritos en que se divide la ciudad, y dentro de cada distrito en un solo lugar, de manera que puedan ser reales y efectivos los principios constitucionales y administrativos de eficacia, descentralización, desconcentración, coordinación, economía, celeridad y proximidad, así como de cooperación entre las distintas Administraciones Públicas.
Lo que se predica respecto de los servicios municipales, que deben estar reunidos en un solo lugar de cada distrito, y no en uno solo de la ciudad, se predica, con tanta o más razón, respecto a los servicios de la Administración de Justicia, que no deben estar centralizados en un solo lugar de la nación o comunidad autónoma, pero sí reunidos en un solo lugar de cada circunscripción jurisdiccional o partido judicial. En definitiva, los servicios de la Justicia al ciudadano ganarían mucho en eficacia y tiempo de resolución si estuvieran reunidos en un solo lugar de la ciudad de Sevilla y no dispersos por la misma. El lugar no es otro que el Prado de San Sebastián, donde se encuentran ubicados el TSJA (salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social), Audiencia Provincial, Juzgados de Instrucción y Juzgados Penales, y adonde hay que traer los Juzgados de Primera Instancia (Civiles y de Familia), los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, los Juzgados de lo Social, el Registro Civil y la Sala o "catedral civil" de las bodas, actualmente en Viapol.
El solar donde deberían construirse no es otro que el inicialmente destinado al edificio municipal de Moneo. Saldríamos, así, ganando todos, magistrados, jueces, abogados, procuradores y demás servidores o funcionarios de justicia, saldrían ganando mucho los ciudadanos como destinatarios de los servicios de la justicia y saldría ganando la Justicia, con mayúsculas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de enero de 2003