Desde la entrada en vigor de la LOU, el Gobierno central ha puesto en marcha el proceso de acreditaciones y ha convocado el primer concurso de habilitación. Nos guste o no (a la comunidad universitaria), el Gobierno central se ha puesto manos a la obra. ¿Y Cataluña? A día de hoy, todavía no tenemos Ley Catalana de Universidades, cuando el futuro de muchos profesores universitarios catalanes depende de esa decisión. Pero es que, además, el proyecto de ley es, cuando menos, singular por los condicionantes que establece. Por ejemplo, obliga a un profesor a estar desvinculado de su universidad actual un mínimo de dos años para poder optar a una plaza de contratado en esa universidad. ¿Alguien ha pensado cómo puede afectar este requisito a todos los profesores actualmente contratados? ¿Tendrán que emigrar en masa para cumplir con ese requisito que no valora su currículo, sino simplemente la desvinculación laboral? Por último, la no aprobación de la ley catalana genera evidentemente incertidumbre laboral, pero declaraciones del consejero Mas-Colell como las publicadas el pasado día 18 sobre la no validez de la acreditación nacional en Cataluña crean, además, inseguridad jurídica. ¿Es normal que ese tipo de argumentos (¿políticos?) queden simplemente expuestos en una nota de prensa, cuando muchos profesores universitarios estaban y están inmersos en ese proceso de acreditación? Ésta es la universidad pública que tenemos en Cataluña... que todavía funciona, no se preocupen.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 25 de enero de 2003