El presidente Aznar dijo que sólo iría a Galicia con soluciones bajo el brazo, y cada día que pasaba sin ir aumentaba el importe de lo que tenía que llevar para hacerse perdonar su retraso. A juzgar por el despliegue policial, no se sentía muy seguro de la acogida. Se presentó en A Coruña arropado por todo su Gobierno pero advirtiendo de que lo que traía era el resultado de un compromiso personal. Como si un presidente pudiera manejar la chequera pública por impulsos personales.
Lo que traía era el llamado Plan Galicia, un programa de compensación de daños y reactivación económica que supone, entre indemnizaciones, créditos blandos, inversiones públicas y estímulos a las empresas privadas, un importe de 12.500 millones de euros. Una cantidad equivalente, por ejemplo, al coste total de la reconversión industrial de los años ochenta en toda España. No es poca cosa, aunque más de la mitad corresponda a partidas ya comprometidas. Aznar precisó que el plan no implica en principio créditos extraordinarios para ampliar el Presupuesto de 2003. Es decir, que se recortará de otras partidas y se mantendrá el equilibrio presupuestario.
No será tarea fácil, pero sólo a posteriori podrá juzgarse si ha sido acertada la decisión de recortar de otras partidas para mantener el criterio de déficit cero. El tiempo juzgará también los criterios seguidos para canalizar esos fondos comprometidos solemnemente por el presidente del Gobierno para paliar el desastre ecológico, compensar a los sectores paralizados y estimular la modernización económica de Galicia. Esta comunidad ha seguido creciendo por debajo de la media española, de manera que entre 1996 y 2001 ha sido la tercera con menor tasa de crecimiento del PIB. El sector primario ha perdido peso, pero la pesca e industria asociada absorben todavía el 12% del empleo total. Galicia está ante una ocasión como la que supo aprovechar la comarca de Bilbao a raíz de las inundaciones de 1983.
El tópico de la eficacia modernizadora de Fraga es endeble. En cambio, es cierto que a su sombra se ha tejido una densa madeja de intereses clientelares de gran eficacia electoral. De ahí que más importante que el importe de los fondos sea cómo van a canalizarse. Toda esa cantidad de dinero en manos de redes clientelares puede favorecer lo contrario a la modernización que se pregona. Habrá que controlar, por tanto, a través de qué canales se subvencionan iniciativas privadas y vigilar si se discrimina a los ayuntamientos con alcaldes de la oposición o se intenta utilizar algunos de esos fondos para contentar a los sectores insumisos que han comenzado a aparecer tras la defenestración del que se consideraba delfín de Fraga.
Una duda: ¿habrá una partida prevista para indemnizar a los comerciantes cuyos negocios se vieron afectados ayer por el despliegue policial que rodeó la celebración del Consejo en el Ayuntamiento de A Coruña?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 25 de enero de 2003