Los incansables manifestantes de la oposición venezolana permanecen concentrados en un largo tramo de la principal autopista de Caracas desde ayer por la tarde y seguirán hasta hoy a mediodía, en otro pulso al Gobierno de Hugo Chávez, que el jueves congregó a cientos de miles de sus simpatizantes en Caracas. Con las "24 horas contra el robo del referéndum" reclaman la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que suspendió la consulta popular sobre la renuncia de Chávez, establecida para el 2 de febrero.
La gente se preparó para dormir en la autopista. Llevaron sillas, colchonetas, comida y agua. Es posible que hoy muchos manifestantes pretendan quedarse por más tiempo. "Hemos venido todos los adultos de la familia y nos vamos a quedar todo el tiempo que sea necesario hasta que se vaya el tirano", dijo una señora que instaló temprano su carpa al borde de la carretera.
Esto ocurre un día después de la primera reunión del Grupo de Países Amigos de Venezuela, que hizo un llamamiento a Gobierno y oposición para lograr rápidamente un acuerdo. La protesta abarca los días 54º y 55º de la huelga, que aún es acatada por las grandes empresas industriales y centros comerciales.
Los líderes más visibles de la paralización, Carlos Ortega (presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela) y Carlos Fernández (presidente de la patronal Fedecámaras) dejaron abierta la posibilidad de una flexibilización de la huelga a partir del 3 de febrero. "Los próximos días serán decisivos", dijo Ortega. Uno de los aspectos de esta flexibilización sería la reapertura de las escuelas privadas y de las fábricas de alimentos básicos en la dieta venezolana.
En la misma autopista, pero unos kilómetros al oeste, frente al barrio pobre de San Agustín, los vecinos también cerraron la autovía pero para protestar por la falta de bombonas de gas, una de las secuelas de la paralización de la industria petrolera.
Las primeras reacciones al llamamiento del grupo -que lo integran España, Portugal, Estados Unidos, México, Brasil y Chile- han sido muy cautelosas pues la oposición dice estar dispuesta a levantar la huelga pero exige a cambio que se reenganche en sus cargos a todos los gerentes petroleros despedidos. En tanto, el Gobierno ha rechazado de plano tal posibilidad y, muy por el contrario, continúa sumando nombres a una lista que ya pasa de 2.000 despidos.
"Les explicamos que no somos terroristas ni golpistas", dijo el empresario Rafael Alfonzo, uno de los seis representantes de la Coordinadora Democrática en la Mesa de Diálogo, al informar del resultado de reuniones bilaterales de los opositores con el Grupo de Amigos.
El tema de levantar total o parcialmente la huelga es el centro de un debate que hasta hace poco se mantenía puertas adentro de la Coordinadora, pero que en los últimos días se ha hecho público debido a una ola de despidos y reducciones de salarios. El viernes, la ministra de Trabajo, María Cristina Iglesias, criticó duramente a los empresarios por colocar los costes de la paralización sobre los hombros de sus empleados y les recordó a éstos que tienen derecho a oponerse a cualquier disposición que merme sus ingresos o estabilidad, pues está en vigencia un decreto de inamovilidad laboral. "Muchos empresarios, con paro o sin paro, no pueden pagar los salarios. Ninguna decisión del Ministerio podrá obligar a pagar a quien no tiene dinero", respondió Albis Muñoz, vicepresidenta de Fedecámaras. Mientras tanto, el presidente Chávez se preparaba para viajar anoche a Porto Alegre para asistir al Foro Social Mundial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 26 de enero de 2003