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Martes, 28 de enero de 2003

Autonomias

Los sindicatos estudian recurrir al TC las limitaciones de acceso al subsidio

UGT y CC OO de Andalucía estudian recurrir ante Tribunal Constitucional la exigencia de tener diez años de residencia en Andalucía y Extremadura para acceder a la nueva renta agraria, según anunciaron ayer sus secretarios generales, Manuel Pastrana y Julio Ruiz. Ambos dirigentes sindicales se reunieron en el Parlamento andaluz con representantes de todos los grupos, excepto el popular, a quienes agradecieron su apoyo para conseguir la "restitución" del subsidio, lo que calificaron como un "triunfo social sin precedentes".

CiU no contabilizó un crédito de 3 millones de euros en las autonómicas

Convergència i Unió (CiU) no contabilizó adecuadamente un crédito de tres millones de euros (500 millones de pesetas) que le fue concedido el 20 de septiembre de 1999, sólo 10 días antes del inicio de la campaña electoral.

La Guardia Civil cree que Dónovan se cayó al pozo

El estudio de ADN realizado a los restos hallados en la fosa séptica de la urbanización La Beltraneja, en Trijueque (Guadalajara), es concluyente: son de Dónovan Párraga. Según fuentes de la investigación, al "99%, se trata del cádaver de Dónovan", que murió de manera accidental, como se desprende de la autopsia.

Técnicos municipales rechazaron en 1999 la cesión de suelo de Alperi a dos industriales

El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante rechazó en octubre 1999 indemnizar a dos empresarios por el desmantelamiento de dos industrias harineras radicadas en el ámbito de Plan Parcial de Benalúa, al sur de la ciudad. Sin embargo, tres años más tarde, el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, ha firmado sendos convenios urbanísticos con los dos empresarios merced a los cuales el Consistorio les cede suelo valorado en 15 millones de euros en compensación por el cese de actividad.

La ley del Suelo permitirá expropiaciones a bajo precio de terrenos para construir pisos

El Gobierno se reservará en la nueva ley del Suelo vasca la posibilidad de expropiar terrenos a bajo precio para construir viviendas. La ley, que se presentará en un plazo de tres semanas para su debate social y político, pretende impedir a los propietarios privados de suelos que paralicen planes urbanísticos para especular y para ello introduce la figura del agente urbanizador.

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