La Generalitat deberá devolver el importe recaudado en concepto de impuesto para embarcaciones de ocio y recreo atracadas en el puerto de Valencia por no estar contenido en ley alguna. Así lo ha decidido la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Cincuenta afectados recurrieron el cobro del canon tipificado como tarifa G-5 y ahora la Consejería de Economía deberá devolverles el importe de un tributo "contrario a derecho". En su argumentación, la sala recuerda a la Administración autonómica que su decisión es similar a otras ya dictadas por la misma razón.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de enero de 2003