El destino político del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y de su ex abogado y estrecho colaborador, Cesare Previti, penden en buena medida de la decisión que adoptará hoy el Tribunal Supremo italiano sobre el traslado de los procesos que se siguen contra ambos en Milán. Nueve jueces del alto tribunal tienen que pronunciarse sobre los recursos presentados por los abogados defensores de los inculpados, a la luz de la llamada ley Cirami, aprobada en noviembre pasado, que reintroduce la "sospecha legítima" de parcialidad de un tribunal como causa para reclamar el traslado de un juicio a otra sede penal.
Si el Supremo acepta la tesis de los abogados (al menos tres son diputados de Forza Italia), que consideran el clima judicial en Milán enrarecido e incapaz de garantizar la "serenidad" necesaria de los jueces para llegar a una sentencia imparcial, los tres juicios serán transferidos a Brescia (Lombardía). Un traslado que significa, con casi total certeza, reiniciar el proceso, porque los defensores -de acuerdo con la nueva ley- pueden no aceptar la validez de los pasos hasta ahora cumplidos. Si, por el contrario, la mayoría de los jueces rechaza la tesis de los inculpados y mantiene la legitimidad de la sede milanesa, las sentencias para Previti y para Berlusconi llegarán en abril y en el verano, respectivamente.
Mano derecha
El Gobierno de centro-derecha teme el impacto que una condena de Previti, mano derecha legal de Berlusconi durante largos años, pueda tener en la imagen del primer ministro, a su vez, pendiente de otro veredicto. Algunos políticos, como el ex presidente Francesco Cossiga, han llegado a apuntar la necesidad de que Berlusconi dimita, en el caso de una condena. Il Cavaliere sólo figura como imputado en uno de los procesos (Sme), pero los tres están estrechamente relacionados.
Se trata de los tres últimos grandes procesos de Manos Limpias, el grupo que en los años noventa desmanteló la trama de corrupción conocida como Tangentopoli. En los tres casos (que han tomado los nombres de las empresas en juego, Imi-Sir, laudo Mondadori y Sme) la acusación es de corrupción a tres jueces romanos, actualmente jubilados, para obtener de ellos sentencias favorables a los intereses económicos de Berlusconi y de otros implicados menores. Previti está acusado de haber entregado considerables sumas de dinero a los jueces Renato Squillante, y Filippo Verde para conseguir la venta de la empresa pública de alimentación Sme a Berlusconi y al fallecido Pietro Barilla. En este proceso, está implicado Berlusconi, que según los fiscales, habría pagado de su bolsillo los 434.404 dólares, que llegaron a una cuenta suiza del juez Squillante a través de Previti. Este último figura también en el proceso abierto tras la anulación por el juez Vittorio Metta del laudo Mondadori que había otorgado al empresario Carlo de Benedetti, la prestigiosa editorial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de enero de 2003