Decenas de afectados por el contagio masivo de hepatitis C en cuatro centros sanitarios de Valencia, por el que será juzgado el anestesista Juan Maeso, pedirán indemnización a la Generalitat valenciana por el anormal funcionamiento de la sanidad pública. Esas reclamaciones se resolverían de forma independiente al proceso penal.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha admitido el recurso de una afectada, de las 271, que en 1998 reclamó a Sanidad tras saber que contrajo hepatitis C en el hospital La Fe de Valencia. En 1999, le comunicaron que suspendían la tramitación hasta que se resolviera el litigio contra Maeso, en el que también está representada. El TSJCV entiende que lo que debe resolverse por vía penal no es determinante para fijar la responsabilidad patrimonial de la Administración, ya que se trata de determinar si hubo un funcionamiento sanitario anormal. Esta vía, según la letrada Margarita Vicente, "es válida y la indemnización no colisiona con la que pudiera derivarse de que Maeso sea declarado culpable".
Dos de los abogados de víctimas presentarán la solicitud de una veintena de afectados. La asociación de afectados espera respuesta del consejero de Sanidad, quien afirmó desconocer el fallo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de enero de 2003