"Lamentamos una respuesta tan corporativista que sólo pretende matar al mensajero y que viene a ratificar lo que exponíamos de cambiar el talante de poder de un servicio público, susceptible por tanto de toda sana crítica que busque su mejora", dijo ayer el decano de los abogados de Valencia, Luis Miguel Romero Villafranca. La de ayer fue la contestación a la reacción que tuvo el poder judicial, desde la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a una encuesta encargada por los letrados y cuya conclusión fue una calificación de regular a los juzgados por malas sentencias, falta de accesibilidad y de puntualidad. En esa reacción, el TSJ descalificó el sondeo por "falta de rigor científico y criterios objetivos" y recordó que los abogados son licenciados en Derecho que no necesitan ningún requisito para ejercer su profesión, mientras que los jueces pasan duras oposiciones que les acreditan como profesionales altamente cualificados.
Romero dijo ayer que "los datos están planteados desde el más escrupuloso respeto a la función judicial y por ello sólo se han hecho públicos silenciando los negativos individuales, de modo que sólo se ha dado a conocer a los medios de comunicación una parte de la encuesta", información en la que no constaba, por ejemplo el muy deficiente a los juzgados de Paterna.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de enero de 2003