El surgimiento de los caciques en Chiapas, que controlan el transporte público, el tráfico de drogas y armas, el comercio de artículos piratas y buena parte del poder político y económico, explica las venganzas en curso y los siete muertos de esta semana, según el Gobierno del empobrecido Estado sureño. La violencia "puede volverse incontrolable", advirtió la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Algunos analistas observan rivalidades religiosas entre comunidades indígenas, pero el atraso, feudal en algunas zonas, constituye la esencia de la crisis.
El domingo pasado fueron asesinados dos católicos tradicionalistas en Tres Cruces, supuestamente por miembros de una comunidad evangélica, y el martes, cuando las autoridades intentaron detener a los supuestos responsables, se desató en Tres Cruces un tiroteo en el que murieron uno de los agresores y cuatro policías.
El procurador de justicia (fiscal) de Chiapas, Mariano Herrán, descarta el móvil religioso como espoleta de las refriegas y las atribuye a una "disputa del poder económico y político".
No hay un enfrentamiento religioso, son católicos contra católicos, y existe en Chamula, municipio habitado por indios tzotziles que agrupa a varias de las comunidades enemistadas, un enfrentamiento entre grupos de poder "y bandas delincuenciales que tiene armas de alto poder", de acuerdo con Herrán. No obstante, el temor a un recrudecimiento de los periódicos choques sostenidos durante 30 años entre católicos y protestantes determinó que cerca de 200 indígenas católicos abandonaran sus poblados. La mayoría de dirigió a San Juan Chamula.
Contrariamente a la opinión del fiscal, para el alcalde de este municipio, el priísta José Gómez, se trata de un conflicto entre los católicos tradicionalistas partidarios del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los evangélicos votantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), izquierda, supuestamente favorecidos por el gobernador, Pablo Salazar, que profesa ese culto.
Chamula se sitúa a siete horas del cuartel general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), alzado desde 1994 contra el Gobierno de México.
Probablemente haya de todo detrás de los cruentos choques de esta semana: el control de unos pozos como detonante y la animadversión religiosa, el cacicazgo y la defensa o ampliación de las cotas de poder municipal o aldeano en los flancos. San Juan Chamula permaneció al margen de Estado de derecho durante el régimen del PRI, que gobernó México hasta su derrota electoral en julio del año 2000. Un acuerdo político entre las autoridades estatales y los caciques indígenas, votos a cambio de autonomía, signó la perversa convivencia, según el secretario general del Gobierno de Chiapas, Emilio Zebadúa. "Nosotros decidimos no evadir el problema y atacar a los caciques. Las muertes son consecuencia de ello". La miseria y la inobservancia de los derechos humanos, la marginación, precisa la diócesis de San Cristóbal de las Casas en un comunicado, promovieron "una espiral de violencia que viene afectando la vida de las comunidades y puede volverse incontrolable", señala en un comunicado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de enero de 2003