La huelga general de Venezuela se suspende a partir del lunes, aunque sus líderes se resisten a decirlo de manera expresa y prefieren hablar de "una nueva etapa" en la lucha que comenzó hace dos meses. El presidente de la organización empresarial Fedecámaras, Carlos Fernández, explicó que "no vamos a caer en el juego del Gobierno, que quiere que nos debilitemos más para construir su modelo autocrático sobre las cenizas del sector productivo".
La huelga concluirá después de que mañana la oposición realice el llamado firmazo, una jornada de recolección de firmas para un conjunto de iniciativas como la enmienda constitucional y la Asamblea Constituyente, destinadas a forzar la salida anticipada del presidente Hugo Chávez. Fernández también informó de que la Fiscalía General de la República le ha imputado el presunto delito de instigación a delinquir, en lo que parece ser el comienzo de una ofensiva judicial para castigar a los responsables de la huelga.
"No conocemos el expediente ni qué se me imputa. Mis abogados van a conocer el expediente. Tengo informaciones de otros expedientes en mi contra", anunció Fernández.
Las protestas después de la huelga apuntarán a lograr que la Mesa de Negociación y Acuerdos busque una salida electoral y a presionar al Gobierno para que readmita a los trabajadores petroleros despedidos. Este último requisito parece más complicado de lograr que la misma realización de elecciones, pues el Ejecutivo ha insistido en que no concederá una tercera oportunidad a los gerentes que ya habían sido cesados en abril por participar en la huelga que desembocó en golpe de Estado.
Mientras tanto, ayer la oposición volvió a las calles tras cuatro días de descanso, con una gigantesca marcha en respaldo de los medios de comunicación. Tres de las cuatro televisoras nacionales a las que el presidente Chávez llama "los jinetes del Apocalipsis" han sido notificadas sobre el inicio de investigaciones administrativas por mensajes emitidos durante la huelga, período a lo largo del cual no han difundido publicidad comercial sino exclusivamente propaganda de la opositora Coordinadora Democrática.
Varios propietarios de medios, como Gustavo Cisneros (Venevisión), Marcel Granier (RCTV) y Miguel Henrique Otero (diario El Nacional), tomaron el micrófono para dirigir discursos a la multitud congregada en la principal autopista de Caracas, frente al hotel donde está reunida la Mesa. Otero afirmó que era la mayor manifestación que se haya realizado en la historia mundial en respaldo de la libertad de prensa.
Las acciones del Gobierno sobre el sector de la comunicación se complementan con la presentación de la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión, que los empresarios de estos ámbitos consideran lesiva para la libertad de expresión. El director del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Jesse Chacón, responde asegurando que se trata de una legislación que existe en todos los países y que en Venezuela se ha soslayado por el enorme poder que siempre han tenido los medios.
Entre tanto, el Grupo de Países Amigos alcanzó su primer logro al convencer a los rectores de las principales universidades privadas de que reanuden sus actividades para contribuir a la normalización del país. Los representantes de España, Portugal, Estados Unidos, México, Brasil y Chile, sostuvieron una primera reunión con las autoridades universitarias, tras lo cual se informó de que a partir de la semana próxima se reiniciarán las clases.
El Grupo de Amigos estaba reunido esta madrugada con el presidente Hugo Chávez en el palacio de Gobierno de Miraflores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de febrero de 2003