El Tribunal Constitucional notificó ayer una sentencia que anula el despido de que fue objeto Patricia Núñez Pascual por el Instituto Municipal de Educación de Barcelona, por entender que constituye una discriminación por razón de sexo la extinción de la relación laboral por encontrarse embarazada la empleada.
El despido fue comunicado el 5 de enero de 1998 a Núñez, que trabajaba precisamente en un programa de formación sobre igualdad de la mujer y que había comunicado su embarazo a compañeros de trabajo en noviembre de 1997. El Juzgado de lo Social al que acudió declaró nulo el despido y condenó al Instituto a readmitirla.
Ese fallo -que fue revocado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una sentencia ahora anulada- se ha convertido en firme por la resolución del Constitucional, de la que ha sido ponente Roberto García-Calvo.
Frente a los argumentos de la sentencia anulada, el Tribunal Constitucional considera "fuera de controversia que la gestación se conocía en el centro de trabajo", y estima que la invocación de la finalización del programa de trabajo al que se dedicaba Núñez "no tiene aptitud para contrarrestar" los hechos declarados probados por el juez de lo social.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de febrero de 2003