El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, y dos de sus concejales, Eduardo Gil Rebollo y José Antonio Montesinos, responsables de las áreas de Policía y Participación Ciudadana, respectivamente, deberán comparecer el próximo 6 de febrero en los juzgados de Torrevieja en calidad de imputados por un presunto delito de coacciones.
La implicación judicial se debe a que los tres dirigentes políticos impidieron la entrada en el Ayuntamiento de Torrevieja al presidente de la Asociación contra la Tortura y el Maltrato Animal y a su acompañante cuando pretendían asistir a una sesión ordinaria del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Durante esa reunión se iba a debatir y votar la declaración de Torrevieja como Municipio No Taurino.
Los hechos denunciados se remontan al 3 de mayo de 2002. Los demandantes consideran que el alcalde y los dos concejales del PP que prohibieron su acceso al consistorio han vulnerado "derechos constitucionales fundamentales" que afectan a su "dignidad e integridad moral como personas, a su honor, a la libertad de opinión y de expresión y a la participación en los asuntos públicos". Este periódico intentó sin éxito recoger ayer la valoración de alguno de los tres imputados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de febrero de 2003