La insolvencia financiera que planea sobre los colegios e institutos públicos valencianos empieza a tener repercusiones serias en el sector comercial: las empresas proveedoras de material escolar han transmitido ya sus quejas a directores y sindicatos por los problemas que tienen para cobrar. Las dificultades -originadas por el retraso con que la Administración transfiere los gastos ordinarias de funcionamiento- están poniendo a los equipos directivos contra las cuerdas, al tener que extremar el cuidado para no emitir cheques sin fondos o evitar que las cuentas queden al descubierto.
En unos casos, los proveedores se han negado a servir material, si la dirección de los centros no paga por adelantado; y en otros, las empresas que abastecen de material escolar han hecho saber que subirán los precios si continúan los retrasos. Es más, "se dan casos de proveedores de zona que, ante las dificultad para justificar ante su empresa el retraso en los cobros, han acudido a los sindicatos para informarse directamente del problema en los colegios y conocer las causas reales del retraso, para documentarlo sus jefes", confirman dos fuentes que han sido testigo directos de estos casos.
Conocedor del panorama que se generó al cierre del último cuatrimestre del año (ya que en enero los centros aún no habían cobrado), el director general, Herminio García, ha dado instrucciones para que se ordene un ingreso adicional en las cuentas (de las que la Administración es cotitular) para que haya liquidez y "evitar que queden en números rojos".
La Federación de Enseñanza de CC OO confirma, por su parte, que algunos proveedores se han dirigido a ella "para cerciorarse si la Consejería de Educación había realizado un ingreso extraordinario para afrontar el déficit que arrastraban". Luis Trapiello, delegado de este sindicato, asegura que algunas empresas, como Repsol, se negaron a servir combustible para la calefacción en un instituto de Valencia si no se pagaba por adelantado.
El sindicato pide que se revisen los criterios actuales para fijar el precio de los módulos, en los que se basa la Administración para calcular el dinero que transfiere a cada centro. "Los criterios que se plantean son subjetivos y no objetivos", asegura Trapiello, que explica que la financiación para el mantenimiento de los centros en Secundaria se hace en función del número de alumnos, mientras que en primaria es por grupos o unidades. El resultado es que "con menos alumnos y con la supresión de unidades, hay menos ingresos para afrontar los mismos gastos", explica. CC OO refuta la tesis de Educación de que el presupuesto ha aumentado cada año. "Globalmente crece el presupuesto, pero en partidas concretas, como la compra de material de oficina, por ejemplo, disminuye", precisa.
El portavoz de la Permanente de los Directores de Primaria en Alicante, Vicent Sellés, reconoció que hasta la semana pasada la situación era complicada, sin embargo tras la reunión con García y el adelanto del pago, se ha restablecido una cierta normalidad.
"Es cierto que los proveedores amenazaron con aumentar los precios, si había retrasos en el cobro", afirma Sellés, que califica de "insuficiente" el incremento del 3%. Los directores piden una subida real del 25%, coherente con la pérdida de poder adquisitivo en siete años debido al incremento del 24% en el IPC acumulado en este periodo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de febrero de 2003