La Habana es escenario estos días de una gigantesca operación policial contra el tráfico y el consumo de drogas. Sólo en las últimas tres semanas, fuerzas especiales de la policía han realizado decenas de redadas en diferentes barrios de la capital cubana, incluidos distritos residenciales como Miramar y han practicado un número elevado de detenciones.
La "guerra a muerte" contra las drogas, desatada por las autoridades, luego de reconocer la existencia de "un incipiente mercado interno" de consumo y venta de estupefacientes, incluye la promulgación de un decreto-ley que dispone la confiscación de las viviendas, tierras y bienes inmuebles de aquellos que trafiquen, produzcan o consuman drogas.
En las últimas tres semanas la policía ha realizado decenas de redadas en la capital
Ya en 1999, el Parlamento cubano aprobó una modificación del Código Penal que endureció sensiblemente las sanciones contra el tráfico de drogas. Desde entonces, en los casos más graves, cuando se trata de operaciones de narcotráfico internacional o si en el comercio ilegal de drogas están implicados funcionarios del Estado, las sanciones pueden llegar hasta 30 años de cárcel o incluso a la pena de muerte.
A pesar de la severidad de las sanciones, la captura de ciudadanos extranjeros que trataban de utilizar el territorio cubano para introducir droga en Estados Unidos o Europa no disminuyó. La venta clandestina de drogas en La Habana y otras ciudades de la isla tampoco se redujo pero, por el contrario, aumentó en los últimos años, lo que disparó la alarma y determinó que el Gobierno cubano emprendiese la actual ofensiva.
Funcionarios cubanos aseguran que las redadas y arrestos realizados en el curso de la denominada Operación Coraza muy pronto tendrán traducción en juicios públicos, en los que se procesará tanto a ciudadanos cubanos como extranjeros. "Los tribunales ahora aplicarán las penas con mayor severidad, y también harán uso de los nuevos instrumentos legales creados para combatir el tráfico de drogas", afirma un abogado de un bufete colectivo de La Habana.
La nueva legislación no es otra que el decreto-ley 232, firmado el pasado 21 de enero por el presidente cubano, Fidel Castro, que establece "la confiscación o, en su caso, la pérdida del respectivo derecho a las viviendas o locales" donde se "produzca, trafique, adquiera, guarde, consuma, oculte o de cualquier otro modo se realicen hechos que, directa o indirectamente se hallen relacionados con las drogas ilícitas". Los campesinos que se dediquen a producir marihuana en sus tierras también perderán el derecho a ellas.
La nueva lesgislación señala también que "últimamente el uso indebido de drogas muestra índices crecientes, aunque discretos en comparación con otras naciones", lo que hace necesario tomar medidas firmes para combatir este flagelo antes de que se extienda.
El decreto-ley 232, sin embargo, no se refiere sólo al tráfico de drogas, también contempla otras "ilegalidades". Así, perderán el derecho a sus viviendas los que practiquen en ellas "actos de corrupción, proxenetismo, pornografía, corrupción de menores, tráfico de personas u otros similares". Las sanciones se aplicarán también a aquellos que "utilicen la vivienda o local, o parte de ellos, a discotecas o videotecas clandestinas y casas de citas".
Cuba es escenario cíclicamente de ofensivas contra las ilegalidades, que abarcan desde la venta de puros en el mercado negro al alquiler de casas o cuartos sin autorización oficial, pasando por los taxis clandestinos, el ejercicio del trabajo por cuenta propia en profesiones no legalizadas o el extendido alquiler particular de películas de video.
Pero la operación policial que tiene lugar estos días es, de lejos, la mayor realizada en la isla en la última década. Los Comités de Defensa de la Revolución han hecho un llamamiento a sus miembros para que denuncien en cada barrio a los presuntos traficantes, y paralelamente a las redadas, las autoridades han iniciado una campaña preventiva en televisión contra la droga. A nivel de escuelas, instituciones comunitarias y servicios del Ministerio de Salud Pública se imparten programas de preparación, así como de atención terapéutica a los toxicómanos.
La "guerra a muerte" contra las drogas comenzó el pasado 10 de enero, cuando el diario oficial Granma publicó un editorial en el que se expresaba que Cuba utilizaría todos "los recursos que hagan falta para el combate a muerte contra el narcotráfico internacional y el incipiente mercado interno que vulgares delincuentes foráneos y nacionales tratan de estimular".
Granma señaló como principal fuente de entrada de droga en la isla las pacas que llegan a la costa como resultado de las operaciones de narcotráfico internacional en las inmediaciones de Cuba en su tránsito hacia Estados Unidos, algunas de los cuales "son escamoteadas por elementos inescrupulosos y delincuenciales con afán de lucro". Entre enero y octubre del pasado año se detectaron 255 casos de este tipo, vía por la cual fueron incautados 4.553 kilogramos de droga.
"En adición a ello", indicó Granma, "se dan casos de delincuentes extranjeros con pretensiones de utilizar nuestro país, no sólo como ruta de tránsito, sino también imponer semejante e inmoral negocio, asociándose para ello a elementos locales también dispuestos, a cualquier precio, a promover tan deleznables prácticas".
Según fuentes oficiales, desde 1995 hasta noviembre del pasado año fueron detectados en los aeropuertos cubanos 175 intentos de transportar drogas, fundamentalmente hacia Europa, o para introducirla en el territorio nacional para su comercialización interna. En la actualidad 146 extranjeros, de ellos cuatro españoles, se encuentran en cárceles cubanas cumpliendo sanciones o pendientes de juicio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de febrero de 2003