La Asamblea de Madrid, presidida por Jesús Pedroche, acordó el 29 de enero acabar el período de sesiones el próximo 24 de marzo, dos meses antes del proceso electoral. En ese tiempo han de aprobarse siete proyectos de ley, entre ellos, el de Familia, que no ha entrado todavía en el registro de la Cámara.
El Estatuto de Autonomía establece dos períodos ordinarios de sesiones al año: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, que se desarrolla ahora, de febrero a junio. En este caso, al estar previstas las elecciones -por ley, cada cuatro años y el último domingo de mayo-, el calendario decidido por la Mesa sólo llega hasta el 24 de marzo. En febrero serán días hábiles -para celebrar comisiones o plenos- del 3 al 7, del 10 al 14 y del 17 al 21. La última semana es inhábil. En marzo, los días de actividad parlamentaria serán del 3 al 7, del 10 al 14, el 17, 18, 20 y 21 -el 19 es la festividad de San José- y el día 24.
Los diputados regionales seguirán hasta el mismo día en que la Junta Electoral proclame a los nuevos parlamentarios, que automáticamente suceden a las señorías que les precedieron. En su condición de diputados seguirán gozando -sueldos, derechos y deberes- de la misma condición que tenían en activo, aunque en esos dos meses no desarrollarán actividad alguna.
A diferencia de los diputados del Congreso nacional, que al convocarse las elecciones abandonan su escaño y sus derechos, los parlamentarios de las autonomías no históricas no cesan hasta que no salen los nuevos en las urnas. No hay, por tanto, Diputación Permanente, y, en caso de necesidad, se podría convocar un pleno extraordinario si la Mesa lo considerara oportuno. Normalmente, la nueva Asamblea de Madrid se constituye 25 días después de proclamarse los resultados electorales.
El trabajo parlamentario queda, pues, reducido a 30 días hábiles de aquí a las elecciones de mayo. En ese periodo, los parlamentarios han de aprobar siete proyectos de ley: el del Pacto Local, el de Administración Local, el de Residuos, el del Impuesto de Depósito de Residuos, el de Cajas de Ahorro, el de Servicios Sociales y el de Familia, que, por cierto, aún no ha entrado en la Cámara. También tendrá que debatir, si la Mesa de la Asamblea da trámite, la iniciativa municipal para impedir la construcción en la región de centrales eléctricas superiores a 500 megawatios.
El orden del día del próximo pleno, el 6 de febrero, no recoge ningunos de estos proyectos de ley. De hecho, sólo prevé tratar la modificación del artículo 34 de la ley de Ordenación del Turismo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de febrero de 2003