El Gobierno de Eduardo Duhalde logró, al fin, llegar a un acuerdo con el FMI, pero no todos los problemas están resueltos. Ahora deberá controlar el gasto público, algo difícil en épocas electorales.
El próximo Gobierno que surja de las elecciones de abril deberá negociar otro convenio a largo plazo con el Fondo Monetario
Los bombos retumbaban por las calles que rodean la sede del Ministerio de Trabajo de Argentina, en pleno centro de Buenos Aires. "¡Piqueteros, carajo!", cantaban el pasado martes unos 3.000 integrantes del atomizado movimiento piquetero, que reúne a parados de la clase baja de este país. Por allí, unos jóvenes de gorra y pantalones cortos y, por aquí, una multitud de amas de casa con chanclas, protestaban contra la eliminación y por la extensión de los subsidios que benefician a dos millones de desempleados. Amenazaban con cortar las carreteras de toda Argentina desde mañana, lunes. No faltaron las críticas al reciente acuerdo entre el Gobierno del peronista Eduardo Duhalde y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras tanto, el Banco Mundial aprobaba un préstamo a Argentina de 600 millones de dólares para planes sociales tras el pacto con el FMI.
El Fondo interrumpió su asistencia financiera a la tercera economía latinoamericana en diciembre de 2001, cuando su cúpula entendió que el Gobierno del radical Fernando de la Rúa no acertaba con la elaboración de un plan económico sostenible. Duhalde asumió como presidente de transición en enero de 2002 y desde entonces buscó un convenio con el organismo. Los funcionarios técnicos del FMI, encabezados por su director gerente, Horst Köhler, no consiguieron que Argentina cumpliera con sus exigencias mínimas: el aumento de las tarifas de los servicios públicos privatizados y el diseño de un programa monetario sólido a partir de la solución del corralón financiero (congelación y pesificación de los depósitos a plazo en dólares). No obstante, el directorio del Fondo, dominado por los representantes del G-7 (grupo de los siete países más industrializados), decidió el pasado día 24 premiar a Argentina por su leve recuperación tras cuatro años de crisis y aprobó un acuerdo de corto plazo que aplaza hasta agosto los pagos por 15.400 millones de dólares con el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
"Es un acuerdo precario", observa Eduardo Curia, director del Centro de Análisis Social y Económico (CASE). El próximo Gobierno argentino, que surgirá de las elecciones de abril, deberá negociar otro convenio a largo plazo con el FMI. El nuevo pacto de transición aleja el espectro de la suspensión de pagos con los organismos multilaterales, un lastre que sólo acarrean pocos países como Irak, Liberia o Somalia. Argentina dejó de abonar a los acreedores privados externos en diciembre de 2001, pero seguía cumpliendo hasta hace dos meses con las entidades multilaterales para mantener sus líneas de crédito a los planes sociales y productivos. La normalización de los pagos con ellos mejora la imagen internacional de Argentina, según Curia. "Es una señal para los acreedores privados del exterior de que el país quiere arreglar su pasivo, pero no hará que vuelva la inversión extranjera en forma masiva", apunta el director de CASE.
"Acuerdo realista"
El entendimiento de Argentina con el FMI también contribuye a la estabilidad interna. "Es un acuerdo realista, una pieza que estaba faltando, no la única. Refuerza las tendencias a la reactivación, la baja del desempleo y la estabilidad, sobre todo en un momento de turbulencias políticas previas a un proceso electoral", explicaba el ministro de Economía, Roberto Lavagna, al periódico La Nación. El dólar, que cotizaba a un peso entre 1991 y 2001, llegó a rozar los cuatro pesos en mayo último y ha bajado esta semana a tres.
Pero el Gobierno de Duhalde se enfrenta a nuevos desafíos, según el director de la Fundación Capital, Carlos Pérez. Deberá mantener "vivo" el acuerdo con el FMI y tendrá que procurarse el apoyo de sus técnicos. Para ello ha de controlar el gasto, más allá de las tentaciones de los Gobiernos nacional y provinciales a aumentarlo en tiempos electorales. Argentina tiene que cumplir con un superávit fiscal primario (antes del pago de deudas) del 2,5% del PIB, frente al 0,7% del año pasado. Los Gobiernos provinciales tampoco podrán seguir emitiendo bonos para pagar a empleados y proveedores.
El Banco Central de la República Argentina también deberá cumplir con un programa monetario rígido. Ese plan puede desajustarse si la Corte Suprema de Justicia falla el mes próximo contra el corralón y ordena a los bancos la redolarización y la devolución inmediata de los depósitos congelados. La decisión complicaría a todo el sistema financiero, incluidas las filiales de SCH y BBVA. El acuerdo con el FMI establece beneficios para los bancos. Se les entregarán títulos públicos por 2.685 millones de dólares para compensarlos por la pesificación de los créditos en dólares y por la fuga de depósitos del corralito financiero. Además podrán comenzar a ejecutar hipotecas a partir de mañana, después de 13 meses de inhibición.
Otros dos temas quedan pendientes. El Ejecutivo está comenzando los primeros contactos con los acreedores privados del exterior para reestructurar la deuda. Además firmó esta semana un cuarto decreto para elevar hasta el 10% las tarifas de gas y electricidad, sectores en los que están presentes Repsol YPF, Gas Natural BAN y Endesa. Los tres decretos anteriores fueron anulados por la justicia. Más adelante, el Gobierno encarecerá los servicios de agua potable y telefonía, donde han invertido Aguas de Barcelona y Telefónica.
Al próximo Gobierno le tocará diseñar el plan de crecimiento sostenido que el FMI tanto reclama. El economista Marcelo Lascano, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, opina que un "desarrollo con justicia" exige un programa de construcción de viviendas, el fomento de la industria turística y de la exportación, "que se paguen impuestos y que se gaste bien".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de febrero de 2003