El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Andalucía, Rafael Hurtado de Mendoza, mostró ayer en Jaén su rechazo al anteproyecto de la ley de función pública de Andalucía, que consideró "un ataque a la normativa básica nacional". "Se corre peligro de que la ley no sirva para nada porque pudiese pecar de inconstitucionalidad", afirmó.
Hurtado criticó los artículos que regulan la carrera profesional a través de categorías creadas y no por niveles. "Sigue hablando de un complemento de productividad totalmente arbitrario y destruye radicalmente la promoción interna", añadió el sindicalista. En este sentido, Hurtado apuntó que un trabajador que entre de funcionario en el nivel más bajo, "y aun siendo licenciado universitario, puede tardar más de 34 años en alcanzar el nivel el grupo A".
Otro de los escollos que el representante andaluz de la CSIF encuentra en el anteproyecto de Ley hace referencia a la falta de consenso en la representatividad sindical, que no se prevé en el consejo superior de la función pública, en la comisión de evaluación y calificación y en las negociaciones de las comisiones de trabajo.
Lo ideal, a su juicio, sería que la Ley incluyera a todo el personal de la Junta de Andalucía y no sólo al sector de la Administración general. La normativa actual, según afirmó, "deja fuera a los funcionarios de la sanidad, justicia y al profesorado no universitario".
El representante de la CSIF avanzó que rechazarán el anteproyecto en el próximo encuentro que mantendrán con la consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín.
En cuanto al Acuerdo de Modernización en las Administraciones Públicas, el presidente nacional de la CSIF, Domingo Fernández, resaltó el trabajo que se viene realizando con las 22 mesas de negociación abiertas entre el sindicato y el Gobierno y que giran en torno a la oferta de empleo público, la formación continúa o la prevención de riesgos laborales, entre otros.
Por otro lado, el presidente provincial, Juan José Díaz, adelantó que en las próximas semanas se darán a conocer nuevas denuncias sobre mobbing o acoso moral en el trabajo que vienen sufriendo funcionarios, "en su mayor parte, de la Administración local y sanitaria". Además, reconoció, sin entrar en más detalles, la existencia de tres casos en Jaén "ya estudiados y con pruebas suficientes de acoso laboral".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de febrero de 2003