Juana LLácer, propietaria de la industria de aerografía textil Ardystil, admitió ayer ante el tribunal que la fábrica carecía de medidas para proteger la salud de sus operarios , como un sistema de ventilación o normas para el uso de las mascarillas. Llácer alegó que desconocía la peligrosidad de los productos y culpó a la firma Bayer y a la Inspección de Trabajo de la muerte de seis trabajadores -cinco de ellos en su fábrica- por inhalación de productos químicos. Su testimonio fue seguido por un centenar de afectados, en un clima de emotiva incredulidad e indignación.
La propietaria de Ardystil -extinta industria radicada en Cocentaina que da nombre al trágico síndrome laboral- se enfrenta a seis años de cárcel, según la petición del fiscal. El ministerio público pide la misma pena para el segundo acusado, José Luis Pellicer, encargado de la fábrica. Ambos declararon ayer ante el tribunal, la sección tercera de la Audiencia de Alicante. En el banco de los acusados se sientan, además, otros ocho empresarios y un inspector de Trabajo.
Juana Llácer declaró que Ardystil comenzó en 1990 su actividad como una fábrica dedicada al corte y confección. "Más adelante, puse en marcha la sección de estampado con el fin de abarcar todo el proceso de producción", dijo. "El sistema de estampado mediante aerografía me lo ofreció Rafael Casal -un vecino de Alcoi que introdujo el método en varias empresas textiles de la comarca-", añadió. La acusada declinó en esta persona la responsabilidad de la puesta en marcha del método y la elaboración de las fórmulas químicas con productos de la casa Bayer. "Cinco meses más tarde la responsable de la mezcla de los productos fue la empleada Teresa Vidal", explicó.
Juana Llácer admitió deficiencias en la medidas para proteger la salud de los empleados que, según ella, no corrían peligro porque no sabía que los productos utilizados eran tóxicos. Entre ellas, ausencia de control para el uso de las mascarillas protectoras, que según la procesada, llegaron a la fábrica a petición de las propias trabajadoras, y que éstas utilizaban intermitentemente. También faltaba un sistema de ventilación mecánica. Se instaló un extractor tras la primera víctima, la joven Isabel Miró. La instalación permanecía cerrada en invierno y para combatir el frío se colocó en el taller una gran estufa de gasóleo. Además, las diversas secciones de producción no estaban separadas y se mezclaban las emanaciones de los productos del estampado con los disolventes utilizados para la limpieza. "Notábamos que había una especie de neblina en el ambiente, pero no le dimos importancia", dijo. En el apartado laboral, Llácer también admitió un cúmulo de irregularidades, entre ellas que la fábrica comenzó la actividad sin contar con los permisos municipales y de Industria, y que 13 de los 14 empleados -contratados como trabajadores en formación- no recibieron ningún cursillo. Además, no estaban asegurados.
Llácer insistió en que no sabía que los productos que manipulaban y el sistema [pulverizado de las piezas mediante pistolas neumáticas y limpieza de las manchas mediante otras eléctricas] era peligroso para la salud. "No lo sabía, nadie me informó. Ni Bayer ni los inspectores", dijo.
El gerente corroboró el testimonio de Llácer, salvo en lo referido a la información que ofreció Bayer: "Con motivo del cambio de fórmula nos enviaron un fax diciendo que los productos no eran peligrosos, si no se ingerían", aseguró.
La declaración de los principales encausados fue presenciada por un centenar de afectados. Éstos esperaron a los dos acusados al inicio del juicio con dos pancartas, una de ellas con las fotos de las seis víctimas y con el lema Som la consciència del poble. Los afectados siguieron la sesión en un ambiente que osciló entre la emotividad y la serenidad. Al final la tensión afloró e increparon a los acusados al grito de "mentirosos y payasos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de febrero de 2003