La decisión del tribunal de La Haya del pasado miércoles, que ordenaba a Estados Unidos suspender las ejecuciones de tres mexicanos condenados a muerte, por no haber recibido asistencia consular, ha provocado algunas reacciones a favor.
Sandra Babcock, la abogada que asesora al gobierno de México, afirmó ayer que "si EE UU ignora esta decisión, sentaría un peligroso precedente", y podría repercutir en los estadounidenses acusados de delitos en otros países.
Mientras, Todd Howlland, del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, dijo ayer a la BBC que EE UU ha de acatar el fallo, pues "está en juego la credibilidad del país". La pena de muerte "daña profundamente la imagen de EE UU", añadió.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de febrero de 2003