El 27 de enero de 1999 se creó la oficina de extranjeros de Valencia, una dependencia situada en el mismo edificio de la Delegación del Gobierno de Valencia que agrupó funciones repartidas
antes entre la antigua dirección provincial de Trabajo, el negociado de extranjeros de la comisaría provincial de documentación y el de extranjeros de la Delegación de Gobierno. La oficina estuvo meses funcionando sin decreto de creación que delimitara el personal que ha de integrarla y dotar a este organismo de entidad propia. Y las organizaciones no gubernamentales que trabajan con extranjeros se han cansado de repetir la falta de personal de este servicio desde su primer día, un mal que se ha convertido en endémico y que, apuntan, se ha disparado en los programas de regularización abiertos por el Gobierno.
El último de estos procesos, cuyo fin anunció en mayo del año pasado el actual candidato popular a la Generalitat cuando ocupaba la delegación del Gobierno en la Comunidad, Francisco Camps, fue respondido con un alud de críticas desde las ONG ante los "miles de expedientes" de extranjeros que seguían sin resolverse, de los más de 56.000 presentados. El último episodio de los problemas de la oficina en su corta existencia fue la detención del funcionario Amadeo Salanova, acusado de pedir dinero por tramitar expedientes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de febrero de 2003