Concejales y técnicos del Ayuntamiento de Elda (Vinalopó Mitjà) se reunieron ayer con parte de los vecinos afectados por la sentencia del Tribunal Supremo que ordena el derribo de 100 viviendas
, tras declarar ilegal el Plan Especial de Reforma Interior de Puente Nuevo por varios errores en las condiciones de edificabilidad. Ayuntamiento y afectados negociarán con los 78 vecinos residentes que denunciaron el plan.
El alcalde de la Elda, Juan Pascual Azorín, del PSPV, ofreció ayuda a los vecinos afectados para evitar que se quedaran sin casa y anunció que iniciará las negociaciones con los demandantes que ganaron el pleito. Entre las soluciones propuestas a los afectados, el alcalde adelantó que podría crear un nuevo Plan Urbanístico que "legalizara las obras, modificando las condiciones de edificabilidad" consideradas ilegales y nulas por el alto tribunal, según fuentes socialistas. La próxima semana, los técnicos municipales propondrán una salida final a los afectados, demandantes y grupos políticos.
Al respecto, la portavoz municipal del PP, Mari Carmen Jiménez, apuntó que la "única solución pasa por negociar con los demandantes y corregir los errores del Ayuntamiento".
Las licencias fueron otorgadas en 1995.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de febrero de 2003