Los familiares de las cinco víctimas mortales del derrumbe del muro del Bazar España de Sevilla acudieron ayer ante el juez de lo penal 2 para retirar oficialmente sus acciones penales y civiles contra los siete acusados, tras haber aceptado una indemnización de 270.455 euros (45 millones de pesetas). Los familiares, acompañados por sus abogados, comparecieron ante el juez Rafael Tirado y a las puertas del despacho se produjeron escenas de dolor por parte de Ana Albarrán, madre de una joven de 17 años fallecida en el siniestro, que iba acompañada por miembros de la Asociación de Víctimas Solidarias que ha creado.
Las indemnizaciones que han puesto fin al proceso penal no tienen ningún tipo de tributación a Hacienda y se unen a los 75.126 euros (12,5 millones de pesetas) que las familias recibieron hace dos años del Ayuntamiento de Sevilla en concepto de "ayuda solidaria". Tras la retirada de las acusaciones, el siguiente paso del juicio del Bazar España se celebrará el próximo 20 de febrero, cuando el juez dictará de viva voz una sentencia absolutoria. Fuentes jurídicas explicaron que el fiscal acusaba a los siete procesados de una falta de imprudencia simple, que sólo es perseguible a instancia de una parte afectada y por ello al retirarse las acusaciones -que pedían dos años y medio de cárcel para cada procesado- la sentencia debe ser necesariamente absolutoria.
El acuerdo refleja el pesar del arquitecto, dos aparejadores y cuatro funcionarios municipales imputados pero no contiene ningún reconocimiento explícito de errores cometidos, como en un momento exigieron algunos familiares.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de febrero de 2003