El PSPV-PSOE pide que se aplique la proporcionalidad en la elección de los consejeros en representación del sector público en las cajas de ahorros valencianas -la Generalitat es la única autonomía española que no lo prevé así-, así como un régimen más duro de incompatibilidades para ocupar un puesto en los consejos de estas entidades financieras. Así lo plasmó ayer el Grupo Socialista en la enmienda a la totalidad y las 25 modificaciones parciales presentadas en las Cortes Valencianas a la ley valenciana de Cajas de Ahorro, que se debatirá en el Parlamento valenciano en el último pleno de la legislatura. Según el secretario de Economía del PSPV, Ricard Torres, la no proporcionalidad significaría que el PP conseguiría en el próximo proceso de renovación de los consejos de las cajas de ahorro, previstos el próximo otoño, los dos tercios necesarios para aprobar "la fusión o privatización" de las cajas.
En el capítulo de incompatibilidades, los socialistas proponen que los altos cargos de empresas que realicen actividades iguales o parecidas o en los mismos sectores de actividad, no puedan ser consejeros. Esta enmienda impedirá, por ejemplo, a los responsables de una empresa del sector inmobiliario estar en el consejo, algo que ahora ocurre. También descartan a los consejeros que tengan un crédito vivo con la entidad financiera superior al 1% de los recursos propios, una limitación que no existe ahora, y a los cargos públicos de designación política de las Administraciones Públicas -por ejemplo, los asesores del presidente de la Generalitat-.
El PSPV plantea en términos diferentes al PP la reasignación de porcentajes de representación de cada grupo en las cajas. Así, los socialistas plantean que la renovación de los órganos de gobierno se produzcan cada dos años, como hasta ahora, pero por bloques en lugar de por mitades, lo que daría estabilidad al proceso -Es un sistema que se aplica desde hace años en Caja Madrid-. En la reasignación de porcentajes de los sectores con representación en las cajas, el PSPV plantea que los impositores recuperen peso y pasen del 28% al 35%, los ayuntamientos pasen del 28% al 25%, la Generalitat del 28% al 20%, los empleados del 11% al 15% -el máximo- y las entidades fundadoras, cuando existan, tengan el 5%.
Además de la proporcionalidad, los socialistas plantean que en el grupo de consejeros públicos exista paridad entre hombres y mujeres.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de febrero de 2003